Reforma migratoria sumarísima

Publicado por el 7 noviembre, 2013

Jorge Gómez Barata

Mientras en Estados Unidos y Europa se aboga por reformas migratorias que resuelvan favorablemente la situación de millones de emigrantes indocumentados, en República Dominicana, el Tribunal Constitucional dicta una sentencia (168-13) que revoca la nacionalidad y la ciudadanía de los hijos de emigrantes irregulares (haitianos) inscriptos en el registro civil de ese país desde 1929 a la fecha. Se trata de ¡ocho generaciones! que, en un acto de desnacionalización sin precedentes son despojados de un status adquirido por nacimiento.

Resulta insólito que precisamente una corte constitucional, dicte una sentencia con más de ¡ochenta años de retroactividad! que afecta a decenas de miles de personas, muchas de ellas niños y otras ¡muertas! Sin otra alternativa, el gobierno del presidente Danilo Medina acató la medida aunque prometió: “…Buscar una respuesta coherente y humanitaria”; cosa que obviamente debió hacer el Tribunal Constitucional.

Tan escandalosa resulta la instancia que, además del debate interno ha provocado un rápido y categórico rechazo internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte que dicha sentencia: “…Viola obligaciones internacionales adquiridas por la República Dominicana…” y recuerda que: “…El estatus migratorio de una persona no se trasmite a sus hijos, y el nacimiento en el territorio del Estado es la única condición para la adquisición de la nacionalidad…”

Por su parte, la UNICEF ha señalado que. “La decisión puede tener repercusiones devastadoras sobre miles de niños…” y que “…Contraviene derechos humanos básicos…” El Coordinador Residente de las Naciones Unidas en el país, Lorenzo Jiménez de Luis, dijo que:” Ese organismo estudia el fallo del Tribunal Constitucional sobre el estatus de los hijos de padres extranjeros ilegales, para ver su coherencia con las resoluciones y tratados internacionales firmados por República Dominicana.

A propósito, en carta dirigida al presidente dominicano, una veintena de congresistas estadounidenses reclamaron respeto a los acuerdos internacionales sobre derechos humanos, especialmente el derecho a la nacionalidad. “La comunidad internacional -recuerdan – ha acordado que los gobiernos tienen la obligación de prevenir que las personas se conviertan en apátridas”.

El gobierno haitiano ha expresado su desacuerdo con la sentencia recordando que constituye una violación de los compromisos internacionales y principios generales del derecho. La sentencia -señala la cancillería haitiana-: “Es un mal precedente…para todas las naciones del continente americano y del mundo…” y, aunque sin condenar la medida, la iglesia Católica deplora el carácter retroactivo que arrebata la nacionalidad a personas que durante ocho décadas fueron dominicanas. Simón Dieuseul Desras, presidente del Senado haitiano estimó que: “La ejecución de la sentencia puede ser política…”

Más de 250 intelectuales, artistas y personalidades de la sociedad civil dominicana han creado un Comité Solidario con las Personas desnacionalizadas que denuncia la arbitrariedad de la medida, que afecta particularmente a personas humildes y vulnerables, muchos de los cuales fueron inscriptos como dominicanos, condición en la que crecieron y que ahora le es retirada.

Nadie discute la complejidad del problema migratorio entre dos naciones y estados que comparten una misma isla, ni la pertinencia de la regulación de los flujos migratorios, lo cual no puede ser saldado con una medida tan poco pertinente como el fallo dictado por el Tribunal Constitucional. Allá nos vemos.
(ARGENPRESS.info)
*Con la colaboración de Radhames Bonilla, jurista dominicano.

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