Santiago Pérez*

El Mercosur como unión aduanera y zona de libre comercio. El futuro del bloque dentro de la economía internacional y la necesidad de profundizar la integración.

El Mercado Común del Sur (Mercosur) es una unión aduanera integrada por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.  El bloque cuenta con una población de 250 millones de habitantes, una superficie de 11 millones ochocientos mil kilómetros cuadrados y un Producto Bruto Interno (PBI) de 2,8 billones de dólares. Para comprender la trascendencia de esta unión subregional en el concierto internacional debemos mencionar que su economía es la quinta más importante a nivel global y al mismo tiempo su territorio alberga la cuarta población más extensa del planeta. Si bien el volumen poblacional y económico es aportado mayormente por Brasil la participación de Argentina permite al Mercosur contar con recursos naturales, humanos y geopolíticos valiosos que dotan de una mayor diversidad a la organización. Por último Uruguay y Paraguay aportan roles financieros y geográficos que terminan de dar forma al bloque.

Desde su creación en 1991 el proceso integrador ha sufrido altos y bajos pero siempre con una tendencia hacia la profundización. El compromiso con el Mercosur es una política de estado para los respectivos gobiernos y me atrevería a afirmar que la continuidad del mismo no se ve amenazada por los eventuales cambios de signo político de los estados miembros. Las clases dirigentes han comprendido la importancia de la unión y al mismo tiempo es un asunto con amplia aprobación de la población en general.

¿Cuáles son los objetivos de fondo de una construcción tan importante como esta? Si bien la respuesta obvia es integración, me propongo a continuación reflexionar un poco más sobre este aspecto.

Cuando hablamos de integración económica y competitividad nos referimos a que el Mercosur como bloque alcance mayores niveles de productividad. Que los procesos de producción y las cadenas de valor de las distintas economías se sinteticen en una unidad que dote de más eficiencia a los distintos sectores productivos.

Para incrementar los índices de productividad de sus economías los países miembros deberían dedicarse a desarrollar las aéreas en la que son más competitivos e impulsar a sus empresas a comercializar sus productos en todo el bloque. Contando estas compañías con una protección arancelaria que les permite correr con ventajas en relación a bienes provenientes de países extra-bloque. La existencia de un arancel externo común hace que todos los bienes que provienen del exterior y deseen ingresar a la unión deben abonar una tasa. De esta forma queda limitada la capacidad competitiva de los productos importados en relación a los fabricados en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

¿Cuales son las ventajas de fondo de esto? Como mencionamos anteriormente, si vemos al Mercosur como un único mercado, el mismo es de características atractivas y con un importante volumen de consumidores. Esto permitiría a las empresas radicadas en los estados miembros alcanzar un mayor volumen de producción teniendo un gran caudal de potenciales clientes a disposición y al mismo tiempo y una limitada competencia externa. De esta forma las compañías locales podrían impulsar una producción a escala que les permitiría ser más competitivas y eficientes, para en una segunda etapa, tener la capacidad de salir a competir en el mercado global. Si bien todo esto es muy teórico, sin dudas estaba presente en el imaginario de los líderes que firmaron el tratado de creación en la Ciudad de Asunción en Marzo de 1991. La libertad de circulación de bienes y servicios intra-bloque hace que las economías de los cuatro países sean más eficientes y operen de forma coordinada, cada una de ellas especializándose en lo que mejor sabe hacer. El Mercosur como unidad económica podría así competir en términos de eficiencia con otros estados más grandes y poderosos e inclusive con otros bloques regionales como la Unión Europea, CARICOM o el NAFTA.

Desafortunadamente para el futro de la organización, estamos siendo testigos de frenos al proceso integrador impulsados por los propios socios del bloque. El caso más resonante es el argentino, en donde el gobierno ha aplicado un sinfín de trabas a las importaciones provenientes de Brasil las cuales han enfurecido a los poderosos industriales paulistas. Al respecto la fluidez comercial entre los dos mayores miembros de la unión se encuentra obstaculizada por la excesiva burocratización impuesta por Buenos Aires al ingreso de productos extranjeros. Uruguay también ha sido víctima de dichos controles viéndose sus exportaciones hacia la Argentina limitadas o restringidas. Si bien, las relaciones políticas entre los distintos presidentes atraviesan un excelente presente, en los segundos niveles de gobierno ha habido acusaciones cruzadas y reclamos entre las partes. Fernando Pimentel, secretario de industria brasileño ha declarado que la Argentina siempre ha sido un problema en materia comercial. El mandatario uruguayo José Mujica fue el primer presidente que se atrevió a criticar el estado actual del Mercosur. En declaraciones afirmó que la organización se encuentra estancada y que el hecho de que terceras naciones no tengan intereses reales en ingresar al bloque es una demostración del delicado presente del mismo.

América Latina está atravesando un periodo económico extraordinario con excepcionales precios de las materias primas que han permitido sostenidas y elevadas tasas de crecimiento. Para el correcto aprovechamiento de la coyuntura y para permitir que este crecimiento sea sostenible en el tiempo la integración económica regional debe profundizarse y no detenerse. Solo así el Mercosur logrará un funcionamiento lo suficientemente coordinado para que su economía pueda competir exitosamente en el mercado mundial.

La mejor forma de que el positivo momento económico que vive la región pueda trascender los favorables términos del intercambio existentes es con más y mejor libre comercio entre las partes y no con restricciones al comercio intrarregional.

En la súper competitiva economía del siglo XXI la eficiencia comercial entre los países del Mercosur es una herramienta que los estados miembros deben defender y profundizar para lograr hacer de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay países con más empleo y bienestar social.

*Licenciado en Relaciones Internacionales
http://twitter.com/perez_santiago

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Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) envió un comunicado este miércoles en el que anuncian la suspensión del operativo de entrega de retenidos, debido a que el Gobierno colombiano no habría cumplido con la desmilitarización del área de entrega.

Aseguran en la carta enviada que su deseo es entregarlos “vivos (…) Haremos un nuevo intento para que ustedes puedan recibir a los que serán liberados”, publica TeleSur.

“El área que habíamos escogido para la liberación de los prisioneros de guerra Luis Alfonso Beltrán, César Augusto Laso, Carlos José Duarte, Jorge Trujillo, Jorge Humberto Romero y José Libardo Forero, todos integrantes de las fuerzas armadas estatales, capturados en combate, ha sido militarizada injustificadamente por el gobierno de Colombia, lo cual nos impone aplazar su concreción”, indica el documento.

Comunicado íntegro:

Señoras

Lucía Topolanski, Jody Williams, Elena Poniatowska, Alice Williams, Mirta Baravalle, Isabel Allende, Rigoberta Menchú, Socorro Gómez, Elsie Mongue, Ángela Jeira y Piedad Córdoba.

Saludo cordial.

El área que habíamos escogido para la liberación de los prisioneros de guerra Luis Alfonso Beltrán, César Augusto Laso, Carlos José Duarte, Jorge Trujillo, Jorge Humberto Romero y José Libardo Forero, todos integrantes de las fuerzas armadas estatales, capturados en combate, ha sido militarizada injustificadamente por el gobierno de Colombia, lo cual nos impone aplazar su concreción.

Militares patriotas nos habían alertado de las intenciones del gobierno Santos de procurar a toda costa un rescate militar, sin importar que este pudiera derivar en un resultado luctuoso, como el del pasado 26 de noviembre. Esta actitud se corresponde con la determinación gubernamental reciente, de impedir el concurso internacional humanitario en la anunciada liberación.

Los queremos liberar vivos, pero parece que el gobierno prefiere entregarlos en catafalcos a sus familiares.

A pesar de estas circunstancias, distinguidas señoras, nuestra determinación unilateral, decisión surgida de la soberanía política de las FARC y de un profundo sentimiento de humanidad, se mantiene en pie. Tan pronto amaine la insania que se ha apoderado del Palacio de Nariño, haremos un nuevo intento para que ustedes puedan recibir a los que serán liberados.

Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP

Montañas de Colombia febrero 1 de 2012.

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Fernando Dorado

Éste escrito surge de un sucinto análisis de las similitudes entre las naciones y pueblos de México y Colombia que se publicará en el Libro Colectivo “La Neta Revelada”, editado y compilado por el escritor y periodista Juan Francisco Belmont desde su exilio en Canadá.

Considero que es útil y necesario realizar un ejercicio comparativo de nuestros países. El objetivo es explicarnos por qué en unos países aparecen líderes de la talla de Fidel Castro o los Ortegas, Chávez, Correas o Morales, en otros del perfil de Lula como los Kirchner, Tabaré Vásquez, Mujica, Rousseff o Bachelet, y en unos más, del tipo de Funes, Humala o Lugo.

“No es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino que, al contrario, es su ser social el que determina su conciencia”[1]. Esta famosa frase de Marx, que es la esencia de su enfoque materialista dialéctico aplicado a la historia social, nos sirve de brújula para realizar esta concisa comparación de nuestras sociedades, pueblos y “naciones”.

Antes de avanzar es importante aclarar que éste análisis no tiene como respaldo grandes estudios académicos ni “científicos” sino que surge de los esfuerzos de un activista social que se alimenta de la luchas de los pueblos de la región y que – desde la empyria – intenta aplicar sus conocimientos a la explicación de nuestra compleja realidad.

Tres (3) tipos de burguesía a la cabeza del bloque oligárquico y tres (3) grupos de países

En América Latina está en desarrollo una revolución nacionalista contra los bloques de poder oligárquicos. Éstos entregaron la soberanía de nuestra región al control del FMI y el Banco Mundial BM. Aplicaron durante los años 80s y 90s del siglo pasado el paquete neoliberal del Consenso de Washington impuesto por el gobierno de los EE.UU. Reagan y Tatcher mandaban.

La clasificación que se presenta se basa en la identificación de la clase social o sector de clase que lideraba o lidera en cada país a ese bloque oligárquico. Ello determina del otro lado – por contraposición – qué clases o sectores de clase encabezan el bloque subordinado en la lucha democrática por independencia, soberanía y autonomía.

Las clases sociales que de acuerdo a este análisis se disputan el poder en el bloque oligárquico son: Una burguesía trans-nacionalizada que es directa heredera de la clase terrateniente que industrializó el campo bajo el modelo “prusiano”; una burguesía burocrática parasitaria que se fortaleció durante el auge del “Estado de Bienestar”; una burguesía industrial que creció durante el período de la sustitución de importaciones (1945-1970), y algunos rezagos de la clase terrateniente que sobrevivió en aquellos países en donde no se profundizó la reforma agraria.

Así, los tres grupos de países por orden geográfico son:

Grupo A: Chile, Paraguay, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, República Dominicana y México. En ellos la clase gran terrateniente encabezó el bloque de poder hasta los años 80s A partir de esa fecha se recicló en burguesía trans-nacionalizada y financiera a la sombra del poder imperial y de la entrega de nuestras riquezas y empresas al gran capital. En esos países las burguesías industriales fueron débiles y se subordinaron – con algunas excepciones –, al poder oligárquico-imperial.

México y Costa Rica tienen características particulares dentro de este grupo, dado que por circunstancias especiales realizaron reformas agrarias más profundas. Allí, a la sombra de los grandes terratenientes,  las burguesías burocráticas acumularon un importante poder.

Grupo B: Argentina, Brasil y Uruguay. Son países en donde el bloque de poder oligárquico está hegemonizado por una burguesía industrial, que compartió el poder durante el siglo XX con la clase terrateniente pero que por condiciones de migración, acumulación de capitales durante el esclavismo y otros fenómenos, consiguió – después de muchas tensiones y conflictos – ponerse a la cabeza de Estados nacionales, y mantener una relativa autonomía frente a Europa y EE.UU.

Grupo C: Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela. Países en donde el bloque de poder oligárquico era dirigido – hasta antes de las revoluciones – por una clase burocrática parasitaria (compradora y entreguista) que supervivía en alianza con una retrógrada clase terrateniente y una débil burguesía industrial. Eran el eslabón débil de la cadena imperial.

En cada uno de los países que hacen parte de cada grupo existen similitudes asombrosas. Claro, también, importantes diferencias. El poder oligárquico de los países del Grupo A es legatario directo de las 3 Reales Audiencias (Virreinatos) españoles y sus gobernaciones más fuertes (Nueva España-México; Nueva Granada-Colombia; y Nueva Castilla-Perú) en donde perduraron las oligarquías terratenientes. Los países de los otros dos grupos tuvieron fuertes influencias migratorias o desarrollaron un espíritu libertario desde la época colonial y republicana.

¿Cómo avanza la revolución democrático-nacionalista en cada grupo de países?

El avance de la democracia nacionalista tiene grandes diferencias en cada grupo.  Empecemos por el Grupo C. Allí la revolución nacional es dirigida por las clases subordinadas en alianza con débiles sectores de la burguesía nacional, en contra de los grandes terratenientes y de la burguesía “compradora”. Ello explica la tremenda y permanente polarización política, tanto interna como externa con el bloque de oligarquías regionales y el imperio. Ellos se apoyan mutuamente.

En el Grupo B, el proceso de cambio es encabezado y canalizado por la burguesía nacional en alianza con sectores organizados de los trabajadores y sectores medios de la sociedad. Ese frente político aguanta a los terratenientes y a la burguesía comercial. La polarización es menor por cuanto el proyecto “nacional” en cabeza de la burguesía le garantiza a todas las clases poderosas y propietarias la contención de los campesinos que luchan por la tierra, la explotación eficaz de los trabajadores y participar de los beneficios del crecimiento económico.

En el Grupo A la burguesía trans-nacionalizada está al frente de la hegemonía oligárquica. Ésta ha logrado consolidar una fuerte alianza con sectores terratenientes en contra de las demás clases subordinadas que por períodos realizan alianzas coyunturales con la burguesía burocrática, que está fuertemente mermada. En general, han logrado mermar los vientos nacional-democráticos.

Análisis comparativo

La historia de América Latina nos envía señales sobre la naturaleza de los gobiernos que actualmente abren espacios democráticos y nacionalistas en nuestros países. De acuerdo a su historia y contradicciones acumuladas en el tiempo se pueden ubicar características similares que sirven para prever las tendencias predominantes y diseñar estrategias.

En aquellos países en donde las oligarquías terratenientes y el poder de los imperios no permitieron el desarrollo de una fuerte burguesía industrial, los trabajadores, campesinos y comunidades indígenas logran ponerse al frente de los sectores medios de la sociedad. Así, hoy lideraran revoluciones pacíficas con claro sabor anti-imperialista y anti-neoliberal. Son los casos de Venezuela, Ecuador y Bolivia (emulando las insurrecciones de Cuba y Nicaragua).

En estos países los bloques de poder democrático están compuestos por trabajadores, sectores medios de las ciudades y de la pequeña-burguesía rural (campesinos indígenas, mestizos y afros pequeños y medianos productores) que han conseguido alianzas explícitas y no expresas, con sectores minoritarios de la burguesía burocrática e incluso industrial. El peso de la dirección está en manos de clases “medias” nacionalistas pero no anticapitalistas. Esa es la contradicción que se manifiesta en los conflictos sociales que afloran en Ecuador y Bolivia, y que en Venezuela asume un carácter político-electoral. Cuba y Nicaragua – por su evolución – requieren otro análisis.

Las condiciones en Colombia, Perú, Paraguay y toda Centroamérica, a excepción de México y Costa Rica, daban para que durante la 2ª mitad del siglo XX se desencadenaran revoluciones democráticas. La burguesía “manita” y “nica” realizó reformas agrarias que evitaron que la lucha por democratización de la tenencia de la tierra se convirtiera en verdaderas guerras civiles, como sucedió en la región. En aquellos donde no se aplicaron las reformas o se hicieron parcialmente, se produjeron alzamientos campesinos durante todo el siglo XX. Esos conflictos – gracias a la intervención imperial – fueron convertidos en las actuales “guerras del narcotráfico”.

En el grupo A, aparecen ahora señales incipientes de construcción de políticas autónomas. Así ha ocurrido en El Salvador (Funes), Paraguay (Lugo) y Perú (Humala). Sin embargo, la situación es muy frágil, dado que si se intenta dar el paso completo hacia la autonomía nacional y la democratización – caso reciente de Honduras (Zelaya) –, las oligarquías reaccionarias y el imperio estadounidense se coaligan para impedir los avances, incluso por la fuerza, sin que la débil burguesía nacional (casi inexistente) pueda servir de contención.

En estos países pesa con fuerza el papel de la burguesía trans-nacionalizada, que es la que se coloca a la cabeza de la reacción. A nivel regional esta clase ha empezado a jugar de una manera nueva desde la elección de Santos en Colombia, quien ha sido asesorado por un selecto grupo de estrategas norteamericanos.[2] La oligarquía colombiana dio un viraje con respecto a la política de Uribe, distensionó las relaciones con Venezuela y Ecuador, agrupó a Chile, México, Perú  y Panamá, y se acercó a las burguesías brasileña y argentina.

Ese bloque burgués imperial pretende liderar el proceso de integración regional y neutralizar a los gobiernos revolucionarios (ALBA). Se muestra – por ahora –, en lo económico, menos plegado al gobierno de los EE.UU. mostrándose abierto a las relaciones con China y otros bloques económicos, pero en lo político y militar (caso de intervención en Libia, alianza con Israel) sigue dependiendo del direccionamiento de USA.

Esa burguesía trans-nacionalizada – que ya comparte mercados de la región en el campo de la energía eléctrica, proyectos de infraestructura, productos como el azúcar, café y manufacturas –,   impulsa la integración regional con una óptica neoliberal, apura la adecuación de las comunicaciones (IIRSA) hacia una mayor y más eficiente explotación de los recursos naturales y la re-primarización de la economía (agro-combustibles, otros productos tropicales), y aunque promueve algunos proyectos de industrialización, lo hace muy modestamente. No está dispuesta a enfrentar en serio, por ahora, a las grandes potencias.

En los países del Grupo A, en donde las fuerzas democráticas han ganado un espacio (El Salvador, Paraguay y Perú), la situación es crítica. Todavía quedan remanentes de la lucha armada insurgente de los años 70s del siglo pasado que – al no triunfar –, dejaron tremendas heridas en las naciones, en el alma popular, miedos y resentimientos, que son utilizados en forma de chantaje por las reaccionarias oligarquías. Por tanto, los pasos que dan los gobiernos con perfil democrático-nacionalista son muy tímidos, y sólo una estrategia muy calculada, más la influencia del entorno regional y mundial, van a determinar los cambios a lograrse.

En aquellos países del Grupo B en donde las burguesías industriales consiguieron ser cabeza de la alianza con los terratenientes, a pesar de todas las tensiones, se han conformado bloques interclasistas que avanzan hacia relativos logros independentistas, autonómicos y de integración regional. Es el caso de Brasil, Uruguay y Argentina.

En esas alianzas inter-clasistas aparecen fuerzas de los trabajadores del Estado y los obreros  “centralizados” (trabajadores del petróleo, siderúrgicos y de la industria automovilística). Se colocan al frente dirigentes de los trabajadores como Lula pero – mirado en conjunto –, es la gran burguesía la que mueve los hilos del “desarrollo”. Se avanza en “re-distribución de la riqueza”, pero en general no se pasa de programas asistencialistas. La estructura del modelo no se afecta.

Chile es un caso “sui géneris”. Siguiendo los pasos de Cuba se adelantó en 1971 a realizar su revolución popular/democrática pero las fuerzas revolucionarias fueron derrotadas por el golpe militar. Dado que la burguesía en alianza con la clase terrateniente se consolidó en una burguesía trans-nacionalizada, bajo la cobertura de la dictadura (situación similar a Colombia y Perú, en donde la gran burguesía consiguió derrotar los aires democráticos dejados por Gaitán y Haya de La Torre), ha venido creciendo a la sombra del imperio y con su visto bueno. No es accidental que estas tres burguesías con la de México, estén a la cabeza de la derecha latinoamericana.

Conclusión

No es casual entonces que triunfen políticamente líderes revolucionarios radicales en Cuba o Venezuela, profundamente moderados en Brasil o Uruguay, o francamente vacilantes en Perú o Chile. No obstante, a pesar de la diversidad, mirada en su conjunto América Latina ha dado pasos importantes hacia la independencia y la autonomía frente a USA. Con la conformación de MERCOSUR, el ALBA, UNASUR y la CELAC, los pueblos han avanzado pero las burguesías y las clases dominantes todavía tienen un enorme peso económico (y político). Es verificable.

En consecuencia, es evidente que sólo un frente internacional de los trabajadores de A.L., organizados con independencia dentro de los bloques de clases existentes (que tienen disímiles expresiones políticas en cada país como PSUV-Venezuela; MIPAIS-Ecuador; MAS-Bolivia; PT y aliados-Brasil; Justicial-peronistas-Argentina; Frente Amplio-Uruguay; etc.) podrán enfrentar con consecuencia a las poderosas burguesías regionales que están en proceso de acercamiento y unificación.

Las burguesías regionales en sus dos grandes vertientes (brasilera-argentina y colombiana-peruana-chilena-mexicana), se concertarán para hacer abortar los procesos revolucionarios en marcha. Si consiguen mantener dispersos a los trabajadores y confundida a la pequeña burguesía con caminos “alternos” (nacionalistas burgueses y pequeño-burgueses), no habrá quien se les oponga ni quién lidere una propuesta proletaria verdaderamente transformadora.

No se trata de usar la independencia de clase para debilitar las causas democráticas y nacionalistas sino para ayudar a construir una mayor y mejor Hegemonía Social Popular, atrayéndose a las demás clases subordinadas hacia la construcción de verdaderos “frentes populares”. Lo que ocurre en nuestros países – incluyendo la misma Venezuela – nos obliga a hacerlo. No podemos ilusionarnos con salvadores supremos.

Hay que hacerlo ya: “Proletarios de todos los países, uníos”[3].

[1] Marx, Karl. “Prólogo de la contribución a la crítica de la Economía Política”. Heft, Berlín, 1859

[2] La Silla Vacía. “Los asesores gringos en la campaña de Santos”: http://www.lasillavacia.com/historia/14657

[3] Marx, Karl y Engels, Friedrich. “Manifiesto del Partido Comunista”. Londres, 1848.

Popayán,  30 de enero de 2012

http://www.alainet.org/active/52433

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Luis Beltrán, Cesar Lasso y Carlos Duarte serán liberados por las FARC

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) informaron este miércoles a través de un comunicado que el cabo Luis Beltrán, el sargento Cesar Lasso y el subteniente Carlos Duarte, forman parte del más reciente grupo de uniformados que serán liberados de forma unilateral.

A través de la misiva, difundida por los medios de comunicación locales, el miembro del secretariafo de las FARC, Iván Márquez, reveló que estos uniformados se suman a los subintendentes Jorge Trujillo Solarte, Jorge Romero y José Libardo Forero, que también serán puestos en libertad este año.

De acuerdo con TeleSur, con este anuncio “se completa la lista de las seis personas retenidas que había informado las FARC en diciembre” pasado que liberarían como un gesto unilateral, recordó el corresponsal de teleSUR en Bogotá, Felipe Sinisterra.

El cabo primero del Ejército Luis Alfonso Beltrán Blanco fue retenido el 2 de marzo de 1998, en la toma de El Billar, Caquetá (sureste). El subintendente de la Policía, Carlos José Duarte, el 10 de julio de 1999 en el municipio de Puerto Rico en el Meta (centro).

El sargento segundo César Augusto Lasso, se encuentra en manos de la guerrilla desde el 1 de noviembre en la toma de Vaupés, sureste.

Sinisterra comentó que las FARC pidió en el comunicado que se adelanten “los protocolos de seguridad necesarios para permitir la liberación”, este proceso se ha llevado a cabo en anteriores liberaciones, reseña TeleSur.

Además, “piden la intermediación de un tercer país amigo, por lo general Brasil ha participado como país garante en las liberaciones prestando ayuda con las Fuerza Aérea”, dijo el periodista.

Asimismo, sostuvo que la prensa están en espera la logística a seguir en este procedimiento, “que se espera sea pronto”.

El proceso de liberación fue anunciada en una carta fechada el 1 de diciembre, en la que la guerrilla aseguraba que seguiría “explorando todas las vías que nos puedan conducir a este noble propósito y a concretar, en el marco de la nueva situación generada, y en cumplimiento de la voluntad del inmolado comandante Alfonso Cano, la liberación unilateral de los prisioneros de guerra que en misiva anterior les anunciamos, a pesar de que algunos de ellos cayeron en el insensato intento de rescate militar”.

Colombianos y Colombiana por la Paz han pedido a las FARC y al gobierno más gestos sinceros que permitan la solución del conflicto, destaca TeleSur.

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Caracas, 24 Ene. AVN.- La Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), confirmó este martes que las inversiones extranjeras directas en Latinoamérica y el Caribe aumentaron en 2011 más que en otras regiones del mundo.

El organismo indicó que el crecimiento fue de 34,6% hasta superar los 216 millones de dólares, informó Prensa Latina.

Los datos aparecen en el informe presentado por la Unctad en Ginebra, titulado “Tendencias Mundiales de Inversión”.

Según el organismo de la ONU, Brasil, Colombia y Chile registraron los principales avances, mientras que en Argentina y México hubo retrocesos.

Para la Unctad los empresarios extranjeros tienen sus principales intereses puestos en los recursos naturales de América del Sur.

La semana pasada, el integrante del organismo de la ONU, Alfredo Calcagno, señaló a la agencia Notimex que América Latina está por ahora en una situación relativamente buena debido a que una parte importante de sus exportaciones se dirigen a zonas que no están en recesión”.

El especialista destacó que las exportaciones de las materias primas y productos básicos de Latinoamerica tienen precios adecuados “lo que da una base para que la región siga creciendo”.

Calcagno igualmente alertó que hay riesgos mayores de que esto no continúe, si se llega a registrar “un shock financiero en los países desarrollados, especialmente de Europa”.

Frente a esta situación, el miembro de la Unctad explicó que las naciones latinoamericanas deben tomar precauciones como lo están haciendo hasta ahora, fortaleciendo los mercados internos, regionales y la cooperación sur-sur, principalmente con Asia.

Según la Unctad, en todo el mundo las inversiones extranjeras directas crecieron 17% en el último año, llegando a 1,51 billones de dólares.

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Bogotá, 23 ene (PL) El vicefiscal general de Colombia, Juan Carlos Forero, citó hoy a declarar al expresidente Álvaro Uribe en el proceso que se adelanta contra el exsecretario de la Presidencia Bernardo Moreno.

La citación se cumplirá el venidero jueves y se hizo a propósito de una carta enviada en las últimas horas por Uribe al despacho del vicefiscal, en la cual pide ser escuchado en declaración juramentada.

En tanto, este lunes Moreno rindió versión libre para responder por presuntas presiones para alcanzar cuotas burocráticas, a fin de garantizar el normal trámite de la reelección presidencial en el Congreso en favor de Uribe.

Según el exmandatario, su entonces secretario de la Presidencia, quien también es investigado por espionaje ilegal, jamás le pidió dichas cuotas ni presionó a nadie por no cumplir sus peticiones.

Sin embargo, denuncias sostienen que Moreno si presionó al director del Departamento Administrativo de Función Pública, Fernando Grillo, para que le pidiera la renuncia al entonces director de Escuela Superior de Administración Publica, Guido Echeverry.

Ello como represalia a la negación de Echeverry de nombrar a tres personas cercanas al excongresista y actual embajador de Colombia en Brasil, Tony Jozame, en contraprestación a la ayuda que éste prestó en la aprobación del referendo reeleccionista.

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Juan Alberto Sanchez Marin.

“Muy doloroso que luego de décadas y siglos de heroicidades infundadas a nuestros lugareños les sea tan difícil discernir si sienten miedo de que su Ejército se haya ido y ellos hayan quedado a merced de los bandidos, o si lo sienten porque los uniformados siguen ahí”.

En la antigua Grecia, una polis, Esparta, fundamentó su vida y desarrollo en el poderío militar. Desde la infancia y casi hasta la tumba, todo espartano estaba vinculado con el estamento y su vida en el ejército activo superaba los cuarenta años. Lo castrense no era parte del ambiente: era el aire que se respiraba. La otra polis poderosa, Atenas, aun inmersa en un contexto de formación e impulso militar, por el contrario, basó su adelanto en alcanzar la plenitud intelectual. Sin el militarismo que distinguió a Esparta, Atenas fue la polis que llegó a ser el corazón de Grecia y el pilar de ese aglomerado amorfo de naciones que conocemos como la “Civilización Occidental”.

Esta es sólo la referencia de una historia plagada de naciones cuyo devenir se ha instituido en la hegemonía de la esfera militar, en contraste con otras que han apostado su futuro a propósitos menos afrentosos. Gracias a las armas se han extendido territorios, saqueado riquezas o sojuzgado pueblos, pero jamás avanzado en la lucidez o conquistado la perdurabilidad, esa acción del pensamiento y la memoria que inicia justo donde concluyen las trayectorias de las balas. Ni siquiera Napoleón, guerrero portador de las ideas libertarias de la Revolución Francesa, consiguió inculcárselas a sangre y fuego a los españoles. Un sueño de la razón que les produjo tantos monstruos, muchos de los cuales todavía amedrentan.

Desde los tiempos de los ejércitos Comunero y Libertador, las distintas Fuerzas Militares colombianas, con los nombres que se quiera, por la defensa del territorio no han actuado más que en dos guerras absurdas, ambas contra Perú, en 1828, en los tiempos de la efímera Gran Colombia, y poco más de cien años después, en 1932. Una guerra, la primera, se perdió, y la otra también, aunque en los papeles y las actas protocolarias figure lo contrario. Y eso que nos salvó el asesinato de Luis Miguel Sánchez Cerro, el controvertido presidente peruano de facto y de iure, ocurrido cuando pasaba revista a las cuantiosas tropas que iba a movilizar. También podrían nombrarse, claro está, las olvidadas escaramuzas de 1911, en La Pradera, un conflicto, también y por supuesto, con el Perú, en el que sólo ganó la selva.

El resto del tiempo, que es toda la vida republicana y todo el tiempo a la hora de la verdad, nuestras Fuerzas Armadas no han hecho otra cosa que participar sin tregua en la refriega interna y eterna que es este país, especializándose en el destripamiento de compatriotas e inventando maneras para disimularlo o negarlo.

O poniendo peones en el tablero de guerras ajenas y lejanas, como la de Corea, adonde Colombia fue el único país de habla hispana que acudió presto al estropicio aportando más de cuatro mil combatientes, con el obvio resultado de muchos caídos y dejando regados cientos de veteranos lunáticos que pocas veces fueron otra cosa que muertos en vida para la patria que los timó. Nada nuevo, la verdad: Un montón de cargabultos que apostaron las entrañas para no morirse de hambre en la propia tierra de nacimiento, cuyo sueño se volvió pesadilla (1).

La realidad dura e inmadura

Nuestro glorioso ejército contó con la mayor parte del siglo XIX para despellejarse a bayonetazos y a sablazo limpio. Y con el XX y lo que va del XXI para profesionalizarse y modernizarse, si por estos conceptos entendemos las zancadas en las zonas más limítrofes de la barbarie. O sea, la mayor capacidad para pulverizar con fuego tipo­ Nintendo, aviones fantasma que esparcen racimos de bombas y obuses remolcados bajo el brazo a unas guerrillas conformadas por campesinos que, al igual que la prole de los sucesivos ejércitos nacionales, han sido proveídas no más que por almas compradas a huevo por el diablo gracias a la creciente pobreza patria.

El adversario no está en el corazón, de seguro, pero va metiéndose por los lemas mañaneros, las consignas que son órdenes, las bajas enemigas recompensadas, y por la propia imaginación menguada, adiestrada, que ya no da para mucho más.

Una tropa llena de venenos propios y ajenos, que entre sofismas y obsesiones extrañas encubre su auténtico cometido de muerte: Lucha contra las drogas, terrorismo. Delirios trazados afuera, sobre las mesas del Pentágono o el escritorio de Rumsfeld, en esquemas de expansión que nuestros dirigentes replican como suyos. Dueños de todo y todos: de las tierras, de las inversiones, de los ingentes recursos gracias a los cuales pueden darse el lujo de tener a los militares de este país como asalariados.

Los Estados Unidos aportan recursos para esa guerra y cooperan con dólares que pronto se llevan sus propios mercenarios, ahora llamados contratistas. No son ayudas, sino inversiones, útiles para el dominio económico y geopolítico de la región.

Declara el portal “Just the Facts” que “el auxilio” estadounidense a los militares y los policías colombianos llegó a US$6,893,876,034, entre los años 1996 y 2011 (2), y, según un grupo de congresistas demócratas estadounidenses, en carta al Presidente Obama, entre los años fiscos de 2000 y 2008, su país entregó más de $6 mil millones de dólares en asistencia militar y no militar a Colombia, como parte de Plan Colombia, un caudal que se usó para todo menos para los propósitos divulgados de la lucha contra las drogas (3).

El gringo de a pie, “the average man” de Whitman, abulta con sus tributaciones los bolsillos de sus compatriotas corporativos. El resultado de su plata se vuelve hambre a miles de kilómetros de sus fronteras, asperjándose como glifosato si hay suerte o hundiéndose como munición en cuerpos que no atañen. Y todos ganan, por lo menos los que importan: Dyncorp Aerospace Technologies, uno de los contratistas militares más grandes del mundo, nutrida de mercenarios de la Delta Force y veteranos de todas las guerras de saqueo; Lockheed Martin Corporation, otro de los contratistas militares más grandes del mundo, con sus artilugios de guerra global; o Raytheon Corporation, el mayor productor de misiles guiados del mundo; o Telford Aviation, Arinc, DRS Tamsco, Bechtel, OLGOONIK, MAN TECH, ITT y un largo etcétera que a ratos dio el “salto estratégico” (un contrato quizás por disimulo después rebautizado como Plan Nacional de Consolidación) a firmas de ex militares y mercenarios israelís, entre ellas Global CST, del amigo del presidente Santos, el general retirado Yisrael Ziv, como lo certifican los cables diplomáticos filtrados por Wikileaks (4).

En una sociedad famélica, los militares cuentan con la gracia cuasi divina de prerrogativas superiores y perpetuas. A cambio, hay que defender al mejor postor, poner el pecho por el cabecilla, escoltar al pujante. Hacerlo supone creerse el cuento del “intercambio de inteligencia” con los superiores gringos o asumir sin empacho el papel de correveidile e informante febril, cuestión de la que mucho sabe el Mayor General Óscar Adolfo Naranjo Trujillo, por algo el mejor policía del mundo y no de gratis vicepresidente para las Américas de Interpol, esa Santa Hermandad instituida no por las Cortes de Madrigal sino por Washington. A veces, exige marchar al compás de los “remosados” colegas israelíes del Mosad, de pronto aliarse incluso con delincuentes muy menos glamurosos. Y muy menos temidos que rogados, diría Quevedo (5).

Entonces, en el abominable empeño de aniquilar y en el aún más execrable de ganar, la vida, que por humanidad y mandato constitucional se debería defender, se hace cada vez más ligera y ambigua. Hasta que el enemigo está en todas partes y la existencia de cualquier conciudadano del montón empieza a significar para el soldado lo mismo que vale para la honorable institución y sus mentores extranjeros: Nada.

Ni falsos ni positivos: Asesinatos y ejecuciones

Los militares, de tal modo, sin fronteras que defender y sin los tantos enemigos anunciados cruzando por las miras de los fusiles, en el contexto de farsas y sainetes que es la cotidianidad nativa, optan por la eliminación de indigentes, muchachos, agricultores, desempleados, menesterosos de todas partes, y los presentan como trofeos de guerra arrebatados a las guerrillas de las FARC o el ELN. Sus cabezas cuelgan en la trastienda de una sociedad que no quiere saber nada de nada de los suyos (ni de sí misma, por lo tanto), crasamente seducida por la voracidad mediática y apropiadamente regida por ciertas perversidades oficiales, gubernamentales.

Los asesinatos cobardes y premeditados que fueron llevados a cabo por los militares, muestra un informe reciente del CINEP, alcanzan las 1742 víctimas en 27 años (6), pero, según la propia Fiscalía, se aproximan a tres mil, con 3963 uniformados sindicados. Otras investigaciones documentan una cifra mayor de víctimas y hay quienes sostienen que los crímenes rondan los cinco mil. Sea el dato que sea, por menor que hubiera sido, aunque no lo fue, la materia no es sólo de cantidades. Jamás fueron números: eran personas, colombianos con las sublimes culpas de ser anónimos o de querer dejar de serlo.

Fueron cazados en los campos o embaucados en los cinturones de miseria de las ciudades, en una serie de maniobras desarrolladas en tantas guarniciones de distintos municipios de varios departamentos, que a fuerza de repetirse y afinarse terminó siendo una operación sistemática, corrompidamente exquisita. Es cierto que el invento no inició con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, como lo han dado a conocer las distintas investigaciones, pero fue durante esos ocho años infernales que la práctica alcanzó mayor apogeo.

Y que la impunidad también se consolidó en niveles alarmantes, casi absolutos. Según un informe de 2010 del relator especial de la ONU para las ejecuciones arbitrarias, Philip Alston, la impunidad en el país abarcaba en la fecha el 98,5 por ciento de los casos (7 y 8).

Desde aquellos días, los talantes han cambiado, pero pareciera que sólo para que lo restante siga intacto o peor. Puede ser verdad que las ejecuciones extrajudiciales han disminuido. Pero no lo es que se acabaron, como aseguró Juan Manuel Santos con jactancia en los tiempos de candidato a los cándidos electores: “Los acabé yo con el apoyo del presidente Uribe y del Comandante General de las Fuerzas Militares. Desde octubre de 2008 no ha vuelto a haber un solo falso positivo” (9). Claro que no ha habido un solitario falso positivo. Hubo nueve, y apenas en su primer año, entre noviembre de 2008 y el 31 de diciembre de 2009 (10).

Pudiera ser que fuera cierto lo sostenido por el Centro de Seguridad Democrática de la Universidad Sergio Arboleda, que lidera el frenético uribista Alfredo Rangel, en el sentido de que los militares sientan que hay “inseguridad jurídica”, o que hayan terminado creyéndose su propia patraña de que “falta un marco jurídico definido para afrontar este conflicto político-militar”, como lo opinó el general Alejandro Navas, comandante de las FFMM (11). Pero no lo es ni de broma que la impunidad haya cedido.

Por el contrario, lo que se advierte es la tentativa del gobierno para garantizarla, moviendo en el Congreso proyectos como el de “Marco para la paz” (12), una calza a la medida del senador Roy Barreras, que semeja un coladero de crímenes fabricado con la excusa de que se avecina la paz y que habla de guerrilleros pero apunta a militares. El proyecto de “Defensa Técnica” (13), producto de la paranoia jurídica de Uribe, gracias al cual seremos los contribuyentes quienes financiemos los abogados defensores de militares, en instancias nacionales e insólitamente en las internacionales, y el de la “Reforma a la Justicia” (14), algunos de cuyos acápites y “micos” no aspiran sino a fortificar la Justicia Penal Militar, en detrimento de la Ordinaria, para la cual no hay plata ni ganas.

Ya un paso grande, en este sentido, se dio con la reforma del Código Penal Militar, que crea una estructura burocrática que es un armazón paralelo de la Justicia, con figuras nuevas como el Fiscal General Militar, los Jueces Penales Militares de Control de Garantías, de Ejecución de Penas y el Cuerpo Técnico de Investigación Judicial, y el reforzamiento de otras, como el Tribunal Penal Militar.

Otro desagüe de recursos a favor del estamento, con los militares investigados en mente. Ad portas de que muchos se sazonen en la salsa agria de sus actos, la meta es lograr la presunción constitucional de que las violaciones a los Derechos Humanos son un acto de servicio y obedecen a una orden de operaciones. No es otra cosa la reforma al artículo 221 de la Constitución, radicada por el ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra, cuando rezonga que “en todo caso, se presume la relación con el servicio de las operaciones y procedimientos de la Fuerza Pública”. Y no se queda ahí: “Cuando en estas situaciones haya lugar al ejercicio de la acción penal, la misma se adelantará por la justicia penal militar y policial” (15). Dicho de otro modo, un naciente ardid para que las familias de las víctimas acaben de joderse y los militares condenados salgan de los casinos de oficiales de los Cantones o del club Tolemaida Resort (Centro de Reclusión Militar) hacia sus casas, o, peor aún, para que se remocen en la simulada condición de héroes vilipendiados.

Aunque se infrinjan de frente los tratados internacionales que el país ha firmado y ratificado y que lo comprometen con la investigación seria de las graves violaciones a los Derechos Humanos. Porque, en el discurso imperante, ¿qué pueden ser las jurisprudencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Comité de Derechos Civiles y Políticos, o del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, si no el producto de la oscura maquinación de ONG’s y de terroristas?

La ampliación del desafuero militar

Es que no pueden estar satisfechos los militares con tal impunidad reinante. Fuerza es que sea completa y para ello resta aquel azaroso 1,5%, que hoy tiene presos a generales como Jesús Armando Arias Cabrales, condenado a 35 años de cárcel por su responsabilidad en las desapariciones de once personas durante la toma del Palacio de Justicia; coroneles como Plazas Vega, sentenciado a 30 años de prisión por el delito de desaparición forzada agravada también en los hechos del Palacio de Justicia, y enredados a otros, como el general Jorge Enrique Mora Rangel por sus nexos de vieja data con los paramilitares. Y muchos otros.

La comisión de delitos de lesa humanidad no es, pues, suficiente para justificar la reprensión a los militares, ni siquiera bajo el impúdico sistema de privilegios que los escuda. Más bien pareciera que tales acciones atroces ameritan estímulos, para que la moral del estamento no se debilite ni su avidez tambalee. Porque, al decir de algunos más cínicos, las tropas “llevan un buen tiempo sintiéndose maniatadas para obrar frente al enemigo” (16).

1.5% que viene a suplir la ampliación del fuero militar, objetivo hacia el que los militares han enfocado sus recientes esfuerzos, su maquinaria, su influencia y su incuestionable capacidad de presión, coacción y chantaje. El Congreso vota a favor y rebota. El gobierno apuesta por las tropas del Averno. La Justicia se pifia. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, compensa a todos con encomios por los medios. Agradecerá y veremos.

Porque la pretendida ampliación del fuero militar es un mecanismo más en la desesperada búsqueda de sustraerse a la Justicia ordinaria: Es la exigencia de la justicia amañada. No porque los jueces puedan conocer los temas del intríngulis de las operaciones militares y policiales, que suena bien y es constitucionalmente válido, sino porque en instituciones como la militar o la policial el espíritu de cuerpo no es asunto de menor cuantía. Con tal poder y tan requerida y experimentada complicidad, fácil pasa el fuero del servicio y las acciones para cumplirlo al miembro en sí mismo considerado.

Como en el caso del subteniente Raúl Muñoz, acusado de la violación de dos niñas y el asesinato de tres en Tame, Arauca, proceso donde la institución ha puesto en marcha o avalado toda clase de entorpecimientos, inventado testigos dudosos, desmovilizados o integrantes del propio Ejército, que bien pueden ser cómplices, y que el espíritu de cuerpo ni siquiera dejó bajo custodia de la Fiscalía, sino a buen recaudo de la Brigada 18 del Ejército. Otro inocente cuyo ADN fue hallado por Medicina Legal en una de las víctimas (17).

Aunque el crimen va más allá del imputado y de lo aceptado, pues resulta obvia la participación de más uniformados en los hechos, como alegan los familiares de las víctimas, más de un año después la estrategia ha funcionado y las maniobras dilatorias tienen riendo a los malhechores y aterrorizada a la comunidad. ¡Y eso sin siquiera ampliar el fuero militar!

Apenas con el manto de la Defensoría Militar Integral, DEMIL, una ONG que agrupa a la misma cúpula militar y que asusta más que cualquiera de las tantas mafias que tenemos por doquier, experta en lograr preclusiones por vencimiento de términos o buscar la anulación de procedimientos que benefician las investigaciones corrientes (18). A Demil le fastidia la Justicia, pero aboga por la ley: La ley de los más fuertes.

Este es un caso depravado, que tiene encima amenazados y desplazados, y la muerte de la jueza Gloria Constanza Gaona, una mujer que se negó a poner la balanza de la Justicia del lado de los asesinos. La misma jueza que unos días antes se atrevió a expresar que la defensa llevada a cabo por la abogada de Demil fue “temeraria, desleal e irrespetuosa” con las víctimas y con el aparato judicial (El Espectador, 24-03-11), como citó la periodista Laura Gil (19).

En un país en el que todo límite es borroso, alterable e interpretable por el leguleyo al antojo del poderoso, ¿dónde iniciarán o terminarán los casos típicos de las llamadas operaciones legítimas de carácter militar o policial? Lo sabemos de sobra: en cualquier parte, siempre y cuando las coordenadas impidan el mínimo castigo. Ni actuaciones ni procesos remitidos, ni más altos mandos embrollados. Las alteraciones a la Justicia no son un recurso para que los abusos de la Fuerza Pública no se repitan, sino para que prosigan sin alharaca ni tropiezos.

En el fondo, una abolición más de los preceptos esenciales de la Constitución de 1991. De modo parecido al que avanza el socio Obama en la revocación de la Constitución estadounidense, que tiene más de doscientos años, con iniciativas que ya no tienen vuelta atrás, como la Ley de Autorización de la Seguridad Nacional, quiere Santos deshacer la nuestra, que apenas tiene veinte, a través de una retórica que viste de oveja al lobo.

Los héroes desheredados

“Nuestros militares no saben qué normas son las que se utilizan en el contexto de la guerra. A ellos les enseñaron a combatir a las guerrillas más antiguas, más peligrosas y que más se reinventan, como si estuvieran combatiendo en Suecia” (20). Este coronel (r) Torres Dávila pronuncia lo que otros militares menos brutos callan, pero comparten, y que otros aún más cerriles camuflan con eufemismos pavosos y pavorosa oratoria. Sobre Derechos que no se entienden, Humanos que para qué se atienden. Son así nuestros heroicos forjadores de héroes, qué se le va a hacer.

A raíz del asesinato de los jóvenes de la localidad de Soacha, cerca de Bogotá, y ante la gravedad de los hechos, el Ministerio de Defensa y el Comando General de las Fuerzas Militares expidieron una providencia que se conoció como las “15 Medidas”, a fines de 2008, elaboradas para fortalecer la protección de los Derechos Humanos (21).

Se trató de una serie de inservibles mecanismos de escritorio, de engominado ministro en confabulación con generales. Antes que beneficiar el respeto de los Derechos Humanos, estas medidas, junto a otras normas y directivas impuestas por las circunstancias y con idéntica excusa, como las directivas permanentes Nos. 10 y 19 de 2007 (22 y 23), no tienen otra pretensión que la de dejar en manos militares la determinación de cuáles casos van a la justicia ordinaria y cuáles no deben salir de la jurisdicción penal militar.

Las medidas no dieron ni dan risa, pero sí causa tristeza el hecho de que hombres con tanto mando mediante grageas tan espurias hubieran querido paliar tanta muerte. Así son los comandantes y su saga de ministros de arlequín: buenos para los comunicados de prensa, inigualables para otorgarle medallas y honores a nuestros héroes, qué se le va a hacer.

Exaltados héroes que, en medio del descompuesto conflicto colombiano, son los idiotas útiles, casi todos difuntos, más útiles entre más difuntos. Pequeños seres beligerantes a quienes su institución pretende hacer grandes mediante sacrificios vanos. Bagazos humanos que un sistema atroz desecha como si nada en medio de preces y discursos y órdenes al mérito.

Héroes que no son ni han sido tales. No lo fue nunca el férvido general Santander. Tampoco el coronel Aureliano Buendía, ni su arquetipo, el general Rafael Uribe Uribe, incapaces ambos de librar a sus estirpes de la condena a cien años de soledad, ni “empleando los fusiles destructores” en la práctica, ni “con las herramientas fecundas del trabajo” en la teoría.

Pudo ser héroe el general Bolívar. De ahí que, mientras por dentro crecía, sus contemporáneos lo asfixiaran y la historia se empeñara en desfigurarlo. O el “Chispero” capitán Ricaurte, que por eso en átomos volando voló en San Mateo. Los actuales héroes lo son de pacotilla, prefabricados por su ignorancia y consumados en la bestialidad.

Combatientes que actúan encabritados sobre un tablero peligroso en el que muchos terminan vinculados con desapariciones, desplazamiento de campesinos colombianos, afrocolombianos y de los pueblos indígenas. O con torturas. O con el asesinato de sindicalistas. O con puestas en escena tramposas, como la falsa desmovilización de la compañía Cacica La Gaitana. O mangoneados con paramilitares para delinquir, adelantando u omitiendo procedimientos según la conveniencia, brindando apoyo e información, haciéndoles el favor o dejándoselo hacer.

Muy doloroso, en todo caso, que luego de décadas y siglos de heroicidades infundadas a nuestros lugareños les sea tan difícil discernir si sienten miedo de que su Ejército se haya ido y ellos hayan quedado a merced de los bandidos, o si lo sienten porque los uniformados siguen ahí.

Cara de plomo

Donde la guerra es consuetudinaria, la presencia de las armas se hace habitual y la de los guerreros necesaria. De ese modo es normal que nos zarandeen los huevos en alguna esquina o nos pongan patas arriba en cualquier parque. Los subfusiles Galil de pura cepa israelí apuntan con fiereza mientras el dragoneante de humilde origen esboza una fingida sonrisa en la cara de plomo.

El Ejército lleva brigadas de salud a indígenas y campesinos, remendadas con donaciones de ropa, sazonadas con mercados, acicaladas con espejitos, en Saravena, Catatumbo o Puerto Gaitán, o en Tolima, Huila, Boyacá, que abren paso a multinacionales voraces de petróleo, carbón u oro, y que son el preámbulo de desalojos, destierros y del desplazamiento de quienes incurren en la fechoría de estar asentados hace siglos o ser pequeños dueños hace años de tierras por donde cruza la tronante y tunante locomotora de los hidrocarburos y la minería.

Que no se absuelven el ralentí ni las trabas a la confianza inversionista, ese nombre técnico provincial para convalidar el saqueo transnacional. Nuestra democracia y su punta de lanza, nuestro Ejército y sus sabidos asociados, desalojan comunidades y poblaciones enteras y cobran con la vida la defensa de la identidad territorial indígena o de la pequeña propiedad privada campesina, que no han sido o no son menester a la propiedad privada de los grandes, las petroleras de todas partes: Cepsa, Arco, Petrobras, Pacific Rubiales Energy, Exxon, Shell, Chevron, BP – Amoco, Elf Aquitaine, Oxy, Maxus, Nomeco, Conoco, L.L. & E., Santa Fe Energy, Triton, Harken, Total, Repsol, Lasmo, PetroCanada, Canadian Petroleum, Sipetrol, San Jorge, Teikoku y Ampolex. O las carboneras europeas Xstrata plc, BHP Billiton y Anglo American, la estadounidense Drummond, la suiza Glencore, las brasileras Vale Coal S.A. y EBX Brasil. O la descomunal anglo-australiana BHP Billinton, que da cuenta del ferroníquel. O la dueña de Acerías Paz del Río, la Votoratim Metais, también de Brasil. O las auríferas canadienses asociadas, Medoro Resources (con Juan Carlos Santos, el que todo lo compra con dinero, primo del presidente, como director corporativo) y Gran Colombia Gold. O sus compatriotas, la Barrick Gold y la Ventana Gold. O la sudafricana Anglo Gold Ashanti y su socia B2- Gold, entre muchísimas más.

Otros soldados, mano tiesa, pulgar alzado, saludan de manera mecánica en las carreteras a los conductores de los vehículos particulares, mientras metros adentro del monte sus compañeros de armas reparten metralla o culatazos a los paisanos pobres. Mensajes institucionales: Hasta la infamia tiene su lado afable y la conciencia se conduce más tranquila en la hipocresía.

 La sociedad descansa en paz

Hay militares nobles, correctos. Haberlos… Húbolos, haylos, habralos. Pero esos no importan, ¿quién los precisa? Sin las culatas llenas de muescas, ¿qué eran los pistoleros del Far West gringo? Sin los costados de los Messerschmitt llenos de cruces, ¿quién fue el aviador de la Luftwaffe? Si el guerrero no nos mata, si no viola ni despelleja, ¿quién podrá defendernos?

Negarse a hacer parte de este macabro juego del sistema no es potestativo de ningún recluta. No hay cabida para las piezas sueltas. El albedrío se circunscribe a ultimar al primero que se oponga a lo que sea que se apuntó que no corresponde. Un galimatías que puede ser vital para penar en vida y más allá de la muerte.

Por ejemplo, el caso del cabo Raúl Antonio Carvajal Londoño (24), cuyo cuerpo padeció el fuego amigo cuando vivo y cuyo cadáver vivió en carne seca y propia el olvido y la impostura oficiales. Su padre, Raúl Antonio Carvajal Pérez, lleva más de cinco años clamando una respuesta. Encaró a Uribe en barrios y plazas y se le plantó frente al Ubérrimo. Confrontó cara a cara a un Santos que no le dio la cara. Hubo de llegar al centro mismo del país, a la Plaza de Bolívar de Bogotá (25), frente al Congreso, al lado de la Casa de Nariño, junto al Palacio de Justicia, con el hijo muerto a bordo del viejo camión y todo el peso de sus denuncias desesperadas a cuestas: Que a su hijo militar lo mataron los militares porque se negó a matar. La versión oficial no da el brazo a torcer: el cabo murió en la Operación Serpiente, supuestamente desarrollada en los municipios de Tibú y El Tarra, Norte de Santander, en enfrentamientos con las FARC. ¿El ofidio se mordió la cola?

Y ha habido operaciones triunfantes. Como Jaque, una operación de negocios y cantidades de pesos antes que de ajedrez e inteligencia, según algunos (26), en la que fueron liberados Índrid Betancourt, tres mercenarios estadounidenses y varios miembros del Ejército y la Policía. Fénix o bombardeo de Angostura, un ataque a las FARC para matar al comandante guerrillero Raúl Reyes, en el que se violó la soberanía territorial ecuatoriana. Camaleón, en la que se rescataron cuatro militares, una operación tan rigurosamente colombiana que contó con la consabida participación de los Estados Unidos en planos y en pleno. “Una operación totalmente colombiana, por tropas e inteligencia colombianas”, al decir del entonces ministro de Defensa Gabriel Silva (27), y con el apoyo de Estados Unidos, según declaraciones del embajador de ese país, William Brownfield “Nosotros pudimos brindar un mínimo de apoyo en inteligencia a la operación…” (28) Sodoma, en el que mataron al guerrillero conocido como “el mono Jojoy”, un bombardeo de dimensiones colosales, que dejó un tramo de La Macarena tan arrasado como la ciudad bíblica luego de la rabieta divina. Odiseo, operación garrafal donde murió el máximo líder de las FARC, Alfonso Cano, nunca se sabrá si producto del despliegue de casi mil hombres y 18 aviones de guerra reconocidos, o por el tiro de gracia de “tres servidores del estado” sin reconocer.

U operación Orión, desarrollada en la comuna 13 en plena ciudad de Medellín, en la que hubo una ejecución extrajudicial, decenas de heridos, varios desaparecidos, muchísimos desplazados, 355 detenciones, muchas de ellas arbitrarias, y 170 judicializaciones que no condujeron a lo mucho que se aseguró (29). Una maniobra que de acuerdo con algunas versiones se valió de avanzadas paramilitares en los barrios La Palomera y La Arenera, que tiene al general Mario Montoya, ex comandante del Ejército, dando explicaciones acerca de su responsabilidad, un añadido a las investigaciones que le cursan en relación con las “falsas desmovilizaciones” y los “falsos positivos”.

Batallas vengativas, llenas de saña, en las que se festeja la muerte con risas, parranda y medios. Triunfos que recuerdan otros tiempos de salvajismo, no de los lejanos hunos o demás bárbaros según Roma, sino de acá mismo y de similares figurantes, cuando levantábamos monumentos con las calaveras de los liberales muertos por el glorioso ejército conservador de los tiempos de la Guerra de los Mil Días, no para que la perversa historia no se repitiera, sino para amedrentar al que osara sublevarse o llevar la contraria. Tiempos recientes los remotos, de encono contra civiles, ferocidad contra campesinos y crueldades que son signadas por el deber.

Con la Fuerza Pública que nos protege; con la Seguridad Democrática que acecha por doquier gracias al miedo que nos espanta; con el recelo de todo y todos que nos lleva a disparar por si acaso y a matar por prevención: Todos tan contentos.

Procuramos entonces ignorar que es un asunto sujeto a una directa proporcionalidad: de la misma manera que no puede ser buena una sociedad que descuida la educación, la ciencia o la cultura en sus prioridades, tampoco puede serlo aquella que pontifica lo castrense y lo consagra con un presupuesto de miedo conseguido a costa de demacrar y masacrar a buena parte de los propios amparados.

La pequeña muerte

Colombia es el país de América Latina que destina más dinero al gasto militar con respecto a su Producto Interior Bruto (PIB). Entre 1998 y 2007, el promedio se ubicó en el 3,9%, por encima de Chile y muy lejos de países como Brasil, Ecuador, Venezuela, Argentina o México (30).

Con la puesta en marcha de la Política de Defensa y Seguridad Democrática (PDSD), entre los años 2002 y 2006, se incrementó el número de las unidades militares y policiales y aumentó el pie de fuerza al menos en un 30%. Se indica como un atenuante del dato el hecho de que estas estadísticas incluyan a la Policía, lo que no ocurre en algunos otros países. Algo irrelevante toda vez que, al igual que en tantas otras situaciones, en este país pocas cosas son como se dicen o deben ser, y las Fuerzas Militares cumplen funciones y parecen policías, y éstos se creen militares. Un sino que no es fortuito, sino, muchas veces, fatídico.

El gobierno de Álvaro Uribe Vélez, por increíble que parezca, consiguió amnistiar el triple de los paramilitares reales, los sacó como conejos de su sombrero cordobés y de los doce mil existentes amnistió 36 mil . Los pocos reincidentes descarriados, Águilas Negras que nadie vio, Urabeños de broma (Autodefensas Gaitanistas de Colombia, bien aclara Caballero (31)), si acaso, coincidieron en bandas criminales espontáneas, con indulgencia denominadas BACRIM, a las que mortifica, aduce el establecimiento, el chiste de todo el peso de la ley. Aquel gobierno, incluso, mantuvo con desvergüenza la idea de que no había conflicto. Y los informes, de Uribe a Santos, alegan que las guerrillas están disminuidas, acabadas. Sin embargo, al tiempo, en contrasentido, no son suficientes las aumentadas prebendas de los oficiales. Ni el ya magnánimo fuero. Ni todas las exenciones. Y no basta el presupuesto duplicado.

A los colombianos siempre han querido hacernos creer que el oneroso gasto en defensa sienta “las bases para la reconciliación y la paz”. Las bases gringas, tal vez. Como lo afirmó alguna vez Juan Manuel Santos, entonces ministro de Defensa, la Seguridad Democrática potencializó “el desarrollo económico y social de los últimos años, y el de los años por venir” (32). Un sarcasmo grande que llega a sostener que el altísimo volumen de recursos utilizado para dotar y mantener en funcionamiento las instituciones armadas “termina reflejándose en una mayor satisfacción de las necesidades básicas de la población tales como educación, salud y vivienda, entre otros y por lo tanto en un mayor bienestar social” (33).

En otras palabras, que quitarle presupuesto a la educación, la salud, la vivienda y los rubros básicos, y feriarlo en armamento y canonjías para los militares, es lo indicado. Así, “el bien público” de la seguridad reduce la pobreza y el desempleo, y, quién lo duda, florecen la paz y la armonía. Con razón estamos como estamos, inmersos en un mar de mentiras que embusteros expertos quieren hacernos creer que son piadosas.

Apunta el escritor uruguayo Eduardo Galeano: “Pequeña muerte llaman en Francia a la culminación del abrazo, que rompiéndonos nos junta y perdiéndonos nos encuentra y acabándonos nos empieza. Pequeña muerte, la llaman; pero grande, muy grande ha de ser, si matándonos nos nace “(34). Es la contradicción inadmisible que nos hacen tragar y de la que además debemos estar agradecidos. Y, sobre todo, callados.

http://juanalbertosm.com

NOTAS:

1. García Márquez, Gabriel. Obra Periodística 2: Entre cachacos. “De Corea a la realidad”. Ed. Sudamericana. Buenos Aires, 1989. Pág. 286.

2. Justs the Facts. A project of the Latin America Working Group Education Fund in cooperation with the Center for International Policy and the Washington Office on Latin America. http://justf.org/

3. Carta de congresistas demócratas al presidente Obama. Lunes 28 de septiembre de 2009. Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. http://www.colectivodeabogados.org/Mayor-participacion-militar )

4. Google Documents. Wikileaks_Israelies in Colombia. http://bit.ly/yBwvDU

5. Obras de don Francisco Quevedo y Villegas. Tomo VII. “Exequias á una Tórtola, que se quejaba viuda, y después se halló muerta”. Madrid, 1794. Pág. 240.

6. Deuda con la humanidad II. 23 años de falsos positivos (1988-2011). Centro de Investigación y Educación Popular / Programa por la Paz, CINEP/PPP. Colombia, 2011.

7. International Peace Observatory. La ONU denuncia “un patrón de ejecuciones extrajudiciales” y una impunidad del 98,5%. http://bit.ly/hmiU5a

8. Naciones Unidas, Asamblea General. Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Philip Alston. 31 de marzo de 2010. http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.24.Add.2_en.pdf (documento original en inglés) – http://www.acnur.org/pais/docs/2791.pdf?view=1 (traducción al español).

9. Revista Semana. Cinep a Santos: “falsos positivos no han dejado de ser un problema”. 25 de marzo de 2010. http://bit.ly/yhFBOH

10. Comunicado del CINEP/PPP ante afirmación de Juan Manuel Santos. “Falsos positivos no han desaparecido”. http://bit.ly/w2GTl7

11. El Tiempo. “Falta marco jurídico para afrontar este conflicto político-militar”. 16 de noviembre de 2011. http://bit.ly/xEW6of

12. El Espectador. Marco para la paz no beneficiará a guerrilleros secuestradores. 12 de diciembre de 2011. http://bit.ly/ypqhby

13. “Por medio del cual se deroga la Ley 1224 de 2008 y se dictan otras disposiciones” [Defensoría para los miembros de la Fuerza Pública]”. Radicación: 23 de marzo de 2011. http://bit.ly/xQYqVY

14. Congreso de la República. Proyecto de Acto Legislativo N° 07 de 2011 de Senado. “Por medio del cual se reforman artículos de la Constitución Política con relación a la administración de Justicia y se dictan otras disposiciones”. http://www.mij.gov.co/Ministerio/Library/Resource/Documents/ProyectosAgendaLegistaliva/ReformaJusticia422.pdf

15. Idem.

16. Coronel (r) del Ejército Bernardo Torres Dávila, en el diario El Colombiano: “Fuero militar, motor para subir moral a las tropas”. Medellín, 3 de noviembre de 2011. http://bit.ly/yj6Cho

17. Noticias UNO. Informe en Youtube: Desmovilizado testificará a favor del Teniente Raúl Muñoz. Subido: 15/10/2011. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GKUq-DoZ2M4

18. DEMIL buscó anular hace un tiempo el convenio interinstitucional entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía, que facultaba a la Fiscalía para efectuar las primeras diligencias en el caso de las presuntas muertes en combate.

19. El Tiempo. Opinión. Laura Gil. http://bit.ly/ztIMEU

20. El Colombiano. Medellín, 3 de noviembre de 2011. Artículo citado.

21. La Directiva Permanente No. 208, del 20 de noviembre de 2008, impartió instrucciones particulares a las Fuerzas Militares para implementar las 15 Medidas. Ver el documento: “Avances caso Soacha. Noviembre 2008 – Abril 2010”, en: http://bit.ly/zIZsm9

22. Ministerio de Defensa Nacional. Directivas Derechos Humanos. Directiva Permanente No. 10 de 2007. Reiteración de obligaciones para autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y evitar homicidios en persona protegida. Pág. 62. http://web.presidencia.gov.co/especial/ddhh_2009/Directivas_ddhh.pdf

23. Ministerio de Defensa. Directiva Permanente No. 19 de 2007. Complemento Directiva 10 de 2007. Reiteración obligaciones para autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y evitar homicidios en persona protegida. http://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Documentos_Home2/dir_19_07.pdf

24. Noticias UNO. “Raúl Carvajal denunció la presunta muerte de su hijo ante el presidente Santos”. 14 de enero de 2012. http://bit.ly/yUCjV2

25. El Tiempo. “Un hombre dejó el cadáver de su hijo en la Plaza de Bolívar de Bogotá”. 20 de febrero de 2011. http://bit.ly/em7s0R

26. “Operación Jaque. Una jugada no tan maestra”. Documental. Dir. Gonzalo Guillén. Prod. Teleamazonas. http://www.youtube.com/watch?v=Fnlgq1-GpKo

27. Revista Semana. Detalles de la ‘Operación Camaleón’, la misión que rescató a los uniformados. 13 de junio de 2010. http://bit.ly/AcLNc9

28. El Colombiano. “E.U. apoyó operación Camaleón”. 17 de junio de 2010. http://bit.ly/wDgit9

29. dhColombia. Red de Defensores No Institucionalizados. “Cinco años de la Operación Orión: No más mentiras”, documento de organizaciones de DDHH. 14 de octubre de 2007. http://bit.ly/wtmtmy

30. Gasto en Defensa y Seguridad – 1998 – 2011. Imprenta Nacional de Colombia, 2009. Según fuente: Gasto Militar. SIPRI Yearbook 2008; Tasa de crecimiento del PIB: World Bank World Development Indicators. Pág. 15. Ver documento:

http://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/estudios%20sectoriales/Serie%20Prospectiva/Gasto%20en%20defensa%20y%20Seguridad%201998-2011.pdf

31. Antonio Caballero. “Otra vez la farsa”. Revista Semana. 14 de enero de 2012. http://bit.ly/xBEFKt

32. Documento citado: Gasto en Defensa y Seguridad – 1998 – 2011. Presentación del ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.

33. La mala puntuación es textual del documento original. Qué se va a hacer, así es.

34. Galeano, Eduardo. El libro de los abrazos. Siglo XXI Editores – Edit. Catálogos, Bs. As. Primera edición, 1989. Pág. 71.

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El argentino José Pekerman será presentado el miércoles próximo en Bogotá como nuevo director técnico de la selección absoluta de fútbol de Colombia, a la que dirigirá hasta el término del Mundial de Brasil-2014, anunció este lunes la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

“El nuevo estratega dará a conocer los planes de preparación para enfrentar los próximos compromisos de las eliminatorias sudamericanas a la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, además del juego amistoso internacional del próximo 29 de febrero ante la selección de México”, reseñó un comunicado la máxima rectora del balompié ‘cafetero’.

La FCF anunció el 5 de enero pasado la designación de Pekerman como sucesor del colombiano Leonel Álvarez, cesado del cargo en diciembre pasado después de que el combinado local empatara con Venezuela y perdiera con Argentina, en noviembre pasado, por las eliminatorias mundialistas sudamericanas.

Disputadas las primeras cuatro fechas del premundial, Uruguay, Argentina y Venezuela son líderes con siete puntos, seguidas por Ecuador y Chile (6), mientras que Colombia está sexta junto a Paraguay (4).

Luis Bedoya, presidente de la FCF, señaló que el estratega argentino, de 62 años, estará al frente a la selección absoluta “mínimo” hasta que termine el Mundial de Brasil-2014.

Colombia ha disputado los Mundiales de Chile-1962, Italia-1990, Estados Unidos-1994 y Francia-1998.

En febrero próximo, el seleccionado jugará un partido amistoso con su par de México y volverá al ruedo en el clasificatorio regional el 2 de junio, cuando visite a Perú, en Lima, por la quinta fecha.
(TeleSur)

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El exviceministro de Agricultura de Colombia, Juan Camilo Salazar, fue sentenciado este lunes a 10 años y tres meses de prisión luego de hallarse como uno de los responsables del fraudulento proyecto Agro Ingreso Seguro (AIS), programa gubernamental de subsidios agrícolas que debía prestar dinero a pequeños agricultores y cuyos fondos terminaron desviados a empresarios y artistas.

La condena fue dictada por el juez 43 del Circuito de Bogotá (capital), luego de que el exfuncionario llegara a un preacuerdo con la Fiscalía en el que aceptó los delitos de peculado a favor de terceros y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales.

Adicionalmente a la condena de prisión, por estos crímenes Salazar también deberá pagar una multa de 149,7 salarios mínimos legales vigentes mensuales, es decir, unos 85 millones de dólares.

Medios locales reseñaron que según el juez, Salazar incurrió en “conducta punible” al entregar a grandes terratenientes, personajes famosos e incluso presuntos narcotraficantes; subsidios que estaban destinados a apoyar a los pequeños y medianos empresarios del campo.

Pese a esto, el exfuncionario recibió el beneficio de casa por cárcel luego de que la misma autoridad judicial considerara que “no representa un peligro para la sociedad”.

Según el abogado defensor, Fabio Espitia, su cliente continuará colaborando con la justicia, pero apelará la decisión dictada este lunes, dado que en su concepto la pena que le fue impuesta es “demasiado alta”.

El letrado también afirmó que continuará buscando el principio de oportunidad con la Fiscalía por el delito de “interés indebido” en la celebración de contratos que también se le imputa.

El pasado 19 de julio, la Procuraduría de Colombia destituyó y suspendió a Salazar por 11 meses al considerar que no cumplió sus funciones de revisión, análisis y supervisión de los requisitos correspondientes para la entrega de estos subsidios.

Salazar hace parte de un grupo de antiguos funcionarios del Ministerio de Agricultura, encabezados por su ahora extitular Andrés Felipe Arias (actualmente en prisión preventiva), que son investigados por la entrega ilegal de subsidios del AIS.

Ese plan, que permitió el manejo de 288 mil millones de pesos (más de 156,41 millones de dólares), tenía como objeto asistir a pequeños productores rurales.

Sin embargo, cuantiosos subsidios beneficiaron a reinas de belleza, comisionistas bursátiles, grandes hacendados y familiares de políticos.
(TeleSur)

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Bogotá, 9 ene.- El jefe máximo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Timoleón Jiménez, instó hoy al gobierno del presidente Juan Manuel Santos a entablar “un diálogo de cara al país y sin mentiras”.

En una carta divulgada este lunes, el líder guerrillero, cuyo nombre es Rodrigó Londoño, sostiene que a las FARC, con la activa participación de los afectados por la explotación, le interesa abordar determinados temas de interés nacional.

“Nos interesa tratar en una hipotética mesa de conversaciones. De cara al país. Poner en cuestión las privatizaciones, la desregulación, la libertad absoluta de comercio e inversión, la depredación ambiental, la democracia de mercado, la doctrina militar”, subraya Timoleón en la misiva.

A su vez, llama a Santos a retomar la agenda que quedó pendiendo en El Caguán, zona de distinción donde entre 1998 y 2002 se intentó adelantar un proceso de paz que pusiera fin al conflicto armado interno.

“El gobierno (de Andrés Pastrana) del que usted hizo parte, se negó a abordarla diez años atrás, condenándonos a todos a esta Troya sangrienta que sin toma de Ilión se apresta a repetirse”, agrega.

Por otro lado, el líder guerrillero denuncia en su mensaje que en la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, se registra un agresivo despliegue de tropas del Ejército. De acuerdo con el jefe insurgente, el incremento de esa presencia militar obedece a garantizar el ingreso y la explotación de las trasnacionales en la zona.

El Ejército Nacional se acerca a las comunidades indígenas del Catatumbo simulando brigadas de ayuda, a sabiendas de que lo que habrá de sobrevenirse será la persecución infame y el destierro de los indígenas Barí, explica.

Advierte que los asentamientos de esa comunidad están en la mira de las grandes compañías transnacionales que vienen por el carbón, el petróleo y los agrocarburantes.

Años atrás, esas mismas comunidades poblaban extensas áreas del departamento y peleaban con arcos y flechas por sus tierras; hoy habitan refugiados en los riscos más escarpados, de donde serán expulsados por la inhumana explotación global capitalista, acota.

“Es eso lo que llegan a hacer las tropas, Santos. A garantizar aún más prosperidad a los más prósperos. Y a hundir en inefable suerte a los más pobres. Estos lo saben, lo gritan, lo lloran”, enfatiza.

Timoleón también expresa que las FARC siempre se negará a aceptar la imposición de verdades absolutas. “Nuestro destino es recuperar lo que nos pertenece. Proclamamos nuestra verdad: este conflicto no tendrá solución mientras no sean atendidas nuestras voces. Sin mentiras, Santos, sin mentiras”, puntualiza al concluir su carta.

(PL)

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