Leonardo Boff*

Los documentos oficiales de la ONU así como el borrador actual de Río+20 dedican gran espacio al modelo de desarrollo sostenible: debe ser económicamente viable, socialmente justo y ambientalmente correcto. Es la famosa tripleta llamada Triple Botton Line (la línea de los tres pilares) , creada en 1990 por el británico John Elkington, fundador de la ONG SustainAbility. Pero este modelo no resiste una crítica seria.

Desarrollo económicamente viable: En el lenguaje político de los gobiernos de las empresas, desarrollo equivale al producto interior bruto (PIB). ¡Ay de la empresa y del país que no tengan índices positivos de crecimiento anual! Entran en crisis o en recesión con la consiguiente disminución del consumo y generación de desempleo: en el mundo de los negocios, éste consiste en ganar dinero, con la menor inversión posible, con la máxima rentabilidad posible, con la competencia más fuerte y en el menor tiempo posible.

Cuando hablamos aquí de desarrollo no hablamos de cualquier desarrollo sino del que existe realmente, que es el industrialista/capitalista/ consumista. Éste es antropocéntrico, contradictorio y equivocado. Me explico.

Es antropocéntrico porque está centrado solamente en el ser humano, como si no existiese la comunidad de vida (flora y faunay otros organismos vivos), que también necesitan de la biosfera e igualmente demandan sostenibilidad.

Es contradictorio, pues desarrollo y sostenibilidad obedecen a lógicas contrapuestas. El desarrollo realmente existente es lineal, creciente, explota la naturaleza y privilegia la acumulación privada. Es la economía política de corte capitalista. La categoría sostenibilidad, por el contrario, proviene de las ciencias de la vida y de la ecología, cuya lógica es circular e incluyente. Representa la tendencia de los ecosistemas al equilibrio dinámico, a la interdependencia y a la cooperación de todos con todos. Como se deduce, son lógicas antagónicas: una privilegia al individuo, la otra al colectivo; una promueve la competición, la otra la cooperación; una la evolución del más apto, la otra la evolución de todos interconectados.

Está equivocado, porque alega que la pobreza es la causa de la degradación ecológica. Por tanto, cuanto menos pobreza, más desarrollo sostenible habría y menos degradación, lo cual es una equivocación. Analizando, sin embargo, críticamente las causas reales de la pobreza y de la degradación de la naturaleza, se ve que resultan, no exclusiva, pero principalmente, del tipo de desarrollo practicado. Él es el que produce degradación, porque dilapida la naturaleza, paga bajos salarios y genera así pobreza.

Este desarrollo sostenible es una trampa del sistema imperante: asume los términos de la ecología (sostenibilidad) para vaciarlos. Asume el ideal de la economía (crecimiento) enmascarando la pobreza que el mismo produce.

Socialmente justo: si hay una cosa que el actual desarrollo industrial/capitalista no puede decir de sí mismo es que essocialmente justo. Si lo fuera, no habría 1, 4 miles de millones de hambrientos en el mundo y la mayoría de las naciones en la pobreza. Detengámonos solamente en el caso de Brasil. El Atlas Social de Brasil de 2010 (IPEA) refiere que 5000 familias controlan el 46% del PIB. El gobierno destina anualmente 125.000 millones de reales al sistema financiero para pagar con intereses los préstamos hechos y destina solamente 40.000 millones de reales a los programas sociales que benefician a las grandes mayorías pobres. Todo esto denuncia la falsedad de la retórica de un desarrollo socialmente justo, imposible dentro del actual paradigma económico.

Ambientalmente correcto: el actual tipo de desarrollo se hace llevando a cabo una guerra imparable contra Gaia, arrancando de ella todo lo que le es útil y objeto de lucro, especialmente para aquellas minorías que controlan el proceso. Según el índice Planeta vivo de la ONU (2010) en menos de 40 años la biodiversidad global sufrió una caída del 30%. Solamente desde 1998 hasta ahora ha habido un salto del 35% en las emisiones de gases de efecto invernadero. En vez de hablar de los límites del crecimiento, mejor haríamos en hablar de los límites de agresión a la Tierra.

En conclusión, el modelo patrón de desarrollo que se quiere sostenible es retórico. En él se verifican avances en la producción de bajo carbono, en la utilización de energías alternativas, en el reforzamiento de regiones degradadas y en la creación de mejores eliminaciones de residuos. Pero fijémonos bien: todo esto se hace siempre que no se perjudiquen los lucros ni se debilite la competición. La utilización de la expresión «desarrollo sostenible» tiene un significado político importante: el cambio necesario de paradigma económico, si es que queremos una sostenibilidad real. Dentro del actual, la sostenibilidad es o localizada o inexistente.
(ALAI)
*Leonardo Boff es Teólogo / Filósofo
Fuente: http://www.servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=473
http://www.alainet.org/active/52540

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México, 3 Feb. (Notimex).- Si Med Atlántica no entrega el certificado de depósito de los 300 millones de dólares para el próximo martes 7 de febrero, habría una tercera prórroga sin fecha de término para Mexicana de Aviación, señaló el juez rector del concurso mercantil de la aerolínea, Felipe Consuelo.

En entrevista con Notimex, adelantó que si no se cuenta con dicho documento, se estaría dando paso a los siguientes inversionistas que continúan en el proceso de reestructura, es decir, a Union Swiss, Grupo Lomex e Iván Barona.

“Med Atlántica tiene hasta el martes, si no entrega el estado de cuenta o el certificado de los fondos por parte del banco, estaríamos convocado a una junta extraordinaria para saber qué hacemos”, comentó.

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Washington, 2 Feb (Notimex).- El Procurador General de Justicia, Erick Holder, notificó hoy a legisladores republicanos su intención de no facilitar más información interna sobre las deliberaciones en torno al programa “Rápido y Furioso”.

Al comparecer por sexta ocasión ante un panel legislativo en torno al controversial programa, Holder defendió además la respuesta que su agencia ha dado a la investigación legislativa en curso.

Holder citó precedentes ejecutivos para proteger documentos internos, cuya revelación pública insistió, tendría un negativo efecto en estas deliberaciones conducidas entre agencias del gobierno.

“Administraciones anteriores han reconocido que una comunicación interna robusta y la habilidad del poder ejecutivo para responder a requerimientos legislativos se vería afectado si se revelaran nuestras comunicaciones internas”, dijo.

Al hablar ante el Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes, Holder indicó que por esa razón “el Departamento no tiene la intención de producir material deliberativo adicional” sobre este operativo.

Consideró que la respuesta y la apertura que su oficina ha tenido frente a la investigación han sido amplias y sin precedentes, y como prueba de ello puso de relieve que la de este día era su sexta aparición ante un panel legislativo.

CitÓ igualmente más de seis mil 400 documentos que el Departamento de Justicia ha facilitado al Congreso y si bien reconoció que la comunicación en algunas instancias ha sido imprecisa, tales instancias fueron involuntarias y han sido corregidas.

A la vez Holder criticó el hecho de que los republicanos hayan aprobado leyes que han afectado la habilidad de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) para atacar el tráfico ilegal de armas hacia México.

Asimismo hizo notar que desde la revelación del operativo su oficina no sólo ha implementado cambios internos para evitar la repetición de instancias como “Rápido y Furioso”, sino que ha fortalecido las instancias legales para atacar el tráfico ilegal.

Entre estas menciono la creación de una fiscalía especializada para atacar carteles mexicanos que pueden utilizar evidencia reunida en México para ser utilizadas en juicios en corte estadunidense.

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Edgar Jaimes*

Introducción

Ban Ki-moon (2008), Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), señaló que unos 1000 millones de personas, entre hombres, mujeres y niños, sobreviven con menos de un dólar por día, de las cuales 750 millones viven en las zonas rurales de los países en desarrollo

El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), organismo especializado adscrito a la ONU, creado para erradicar la pobreza y el hambre a nivel mundial, precisó en su informe anual 2007 (www.ruralpovertyportal.org) que más de 2000 millones de personas de las zonas rurales en todo el mundo  viven con menos de 2 dólares al día y sus medios de vida dependen de la agricultura. En la actualidad, el cambio climático y el alto costo de los alimentos  y la energía agravan los problemas que esas personas deben afrontar a diario en su intento por realizar su vida de  manera digna.

Adicionalmente, Schargell (2008) indicó que los países subdesarrollados enfrentan una creciente degradación de los suelos, ocupación de espacios agrícolas por otros usos, disminución de los incrementos de rendimiento de los principales cultivos en los últimos 10 años y crecimiento poblacional acelerado en los países más pobres. La incidencia de estos factores, unido a la concentración de la riqueza en pocas personas, la crisis financiera mundial y los efectos del cambio climático, han agravado los problemas de la pobreza y del hambre en los últimos quince años.

El objetivo de este artículo es hacer un breve análisis sobre la pobreza y el hambre que sufre casi un tercio de la humanidad, proponiendo criterios para la formulación de un Mega Proyecto Humanitario (MPG) con el fin de disminuir, en un 75%, el número de personas que viven en  pobreza extrema, en un periodo de treinta años (2013-2043).

Esta contribución se enmarca en el conjunto de iniciativas y propuestas incluidas en el eje temático Una nueva economía para enfrentar la pobreza y la concentración de la riqueza, en el marco de la Cumbre de Los Pueblos por la justicia social y ambiental, de Río + 20 (http://rio20.net/).

Riqueza y pobreza: caras de una misma moneda

El Boston Consulting Group (BCG), un grupo de investigación de ciencias económico-financieras, que hace seguimiento de la riqueza personal de los millonarios del mundo, divulgó un informe en Francia según el cual: “… los ricos, a pesar de la crisis financiera mundial, son cada vez más ricos…”; a tal extremo quesus patrimonios se incrementaron en un 5%, hasta alcanzar un monto global de 110 billones de dólares, sólo hasta septiembre de 2008.

El BCG también pudo precisar que: “… apenas el 1% de todas las familias del mundo son poseedoras de más del 35% de las riquezas del planeta, y el 0,001% -las personas más ricas del mundo- es decir, las que poseen por lo menos 5 millones de dólares en activos, contabilizan un poco más de 22 billones de dólares…” (www.bcg.org)

La otra cara de esta moneda lo constituye la impresionante  cantidad de personas empobrecidas del mundo (más de 2.200 millones), la cual  se vio  incrementada en los últimos tres años en más de 80 millones de personas, de acuerdo con estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) (www.imf.org).

El principal freno para reducir la pobreza en un 50% para el año 2015 lo constituye la concentración de la riqueza en muy pocas manos. El efecto negativo de la crisis financiera desatada desde el año 2008, aunque significativo, no es el factor que impide la reducción de la pobreza y el hambre en el mundo. Dicha crisis solo ha servido para poner en evidencia los factores y procesos que determinan y dinamizan la concentración de la riqueza antes indicada.

Por ejemplo, durante la crisis bancaria de 2008 los gobiernos-estados imperiales como Estados Unidos y el Reino Unido, que manejan y distribuyen a su libre albedrío  la mayor parte de la riqueza mundial, con el aval de organismos como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), se movilizaron y organizaron para definir las mejores estrategias políticas y económicas para resolver la crisis que se inició en el año 2008 y que puso al borde del colapso financiero a la banca internacional.

A tal nivel llegó esa cooperación que esos gobiernos destinaron un monto superior a los 800.000 millones de dólares para tales fines. En consecuencia, la meta de reducir la pobreza y el hambre en el mundo en un 50% para el año 2015 jamás será alcanzada dada las características de la actual crisis financiera que estremece los cimientos de la economía global a consecuencia de los factores estructurales que la determinan.

En ese sentido, Arraigada (2006) precisó que la pobreza está estrechamente relacionada con  exclusión, vulnerabilidad, discriminación y marginalidad en que viven millones de personas, acotando que: “…cuando el concepto de pobreza se define por sus dimensiones más amplias, los conceptos de exclusión y desigualdad tienden a ser incluidos en él, aun cuando es posible diferenciarlos analíticamente. Sin embargo, la distinción es importante puesto que el enfoque escogido definirá políticas y programas diferentes para enfrentar el fenómeno.” (http://www.revistafuturos.info/futuros14/pobreza_genero.htm)

¿Qué deben hacer la ONU y otros organismos internacionales para cumplir con esta meta del milenio más allá del año 2015?

La respuesta no es tan sencilla, más aun cuando está en plena manifestación una  descomunal crisis financiera mundial que todavía no alcanza a prefigurar su demoledor impacto socio-económico sobre la totalidad de los habitantes del planeta tierra.

Sin embargo, es el momento oportuno para la definición de un modelo de gestión institucional, basada en la planificación  estratégica, con miras no sólo a detener sino disminuir significativamente la pobreza y el hambre en el mundo en un plazo de 30 años. Por ahora, sólo adelantaré una idea muy general, con base en el Marco Estratégico del FIDA para el periodo 2007-2010.

En efecto, si los gobiernos de EEUU y el Reino Unido fueron capaces de disponer de un monto superior a los 800.000 millones de dólares para salvar algunos bancos de la crisis financiera de marras, con sobrada razón la ONU, a través de las corporaciones que dan sustento al FIDA, como es el caso de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP); la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), junto con otros países desarrollados (no afiliados a la OPEP, pero también petroleros como éstos)  y de economías emergentes;  estarían en capacidad de asumir, en forma inmediata, la recaudación de aportes por una cantidad de 12 billones de dólares ($ de USA), distribuidos a una tasa de 400.000 millones de $ por año, durante treinta (30) años, desde el año 2013 hasta el 2043.

Estos fondos serían suficientes para sustentar, en ese periodo, los gastos e inversiones (reembolsables y no reembolsables) requeridos para aminorar, por lo menos en un 75%, la pobreza extrema y el hambre que padecen más de 2000 millones de seres humanos. La idoneidad, experticia y eficacia para hacer el mejor manejo, administración y aseguramiento de estos recursos, destinados exclusivamente a la  inversión, reinversión y  gastos operativos de este Mega-Proyecto Humanitario (MPH), tendría que estar a cargo de la ONU, a través de sus  organismos especializados como el FIDA, la FAO, el PNUD y el PNUMA.

Los resultados alcanzados por estos organismos en las tres últimas décadas, ha demostrado que la manera más efectiva para vencer la pobreza e incrementar la seguridad alimentaria consiste en dar a los pequeños agricultores y otros habitantes pobres del medio rural y urbano la oportunidad de fomentar las habilidades, los conocimientos y la confianza que necesitan para salir de la pobreza por sus propios medios, sin provocar un deterioro ambiental significativo.

Con base en esta visión prospectiva, es necesario continuar con las inversiones financieras, significativamente superiores a las ya aportadas por organismos como la FAO y el FIDA en los últimos 30 años; toda vez que no realizarlas ni redefinir las políticas agrícolas y agrarias en los países en desarrollo, en particular las orientadas al fomento de la agricultura de pequeñas explotaciones, hará muy difícil para estas naciones alcanzar la meta del Milenio antes señalada.

De allí que la ONU, y sus organismos asociados, estén en la  obligación moral de planificar la búsqueda de un fondo, como el antes indicado, que sería suficiente para alimentar y sacar de la pobreza extrema a más de 1.850 millones de personas, que representarían el 75% del total que vive en la pobreza, a través del desarrollo de programas y proyectos agro-productivos, de conservación o recuperación de la capacidad productiva y diversidad de los ecosistemas o agro-ecosistemas, garantizando la preservación del entorno ecológico-ambiental como hábitat para las futuras generaciones.

Riqueza económica Vs riqueza social

Los problemas de la pobreza y el hambre en el mundo, junto con sus causas originarias,  pueden ser neutralizadas o minimizadas, mediante la  disminución sostenida de la tasa de excluidos (hombres, mujeres y niños) que habitan en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, con énfasis en África y América Latina. Pero: ¿Cómo disminuir esa exclusión humana?

La única acción directa, inmediata y factible para lograrlo es mediante la creación de fuentes de empleo, cuyos puestos de trabajo y la calidad de los mismos sean sostenibles en el tiempo, con niveles crecientes de estabilidad laboral, salarios acordes con los requerimientos de vida digna, seguridad social, eficacia y eficiencia productiva, respetando al mismo tiempo la “meta- estabilidad” del entorno ecológico-ambiental.

La misión-visión estratégica antes prospectada tiene como propósito la cooperación, el acompañamiento y la ayuda efectiva a todas las personas que han sido marginadas del disfrute de los bienes y servicios a los cuales tienen derecho como seres humanos, los cuales les ha sido difícil, por no decir imposible, de usufructuar por carecer de los medios exigidos por la “racionalidad económica” que ha regido en los últimos sesenta (60) años la producción y distribución de los mismos, todo lo cual ha conducido  a generar RIQUEZA ECONÓMICA cada vez más concentrada en pocas personas, originando inequidad social, creciente pobreza material y espiritual de millones de personas, y causante del continuo deterioro ambiental y degradación eco-social a nivel mundial.

Por lo tanto, es prioritario materializar esa misión-visión estratégica a través de la definición y formulación de un  Mega Proyecto Humanitario (MPH), como fue indicado anteriormente, teniendo como meta referencial la asistencia social, con la finalidad de lograr el empoderamiento sostenido, de aquellas personas que tienen ingresos iguales o por debajo de los 2 $ diarios.

El propósito es lograr un aumento significativo de los ingresos a estas personas tal que les permita mejorar su seguridad agroalimentaria e involucrarlas en la creación, desarrollo y consolidación de un nuevo paradigma cuyas premisas político-ideológicas; socio-económicas; educativo-culturales y ecológico-ambientales, se expresen a través del establecimiento de un sistema productivo generador de  RIQUEZA SOCIAL  a nivel individual, familiar o comunal, con énfasis en los países con economías deprimidas, en concordancia con las metas del Milenio pero con un horizonte acotado más allá del año 2015 y verificables en un lapso de 30 años (2013-2043).

De allí la imperiosa necesidad de que el sistema de Naciones Unidas, incluyendo a sus organismos como  FIDA, FAO, PNUD, PNUMA, entre otros; la OCDE y los países OPEP y los no OPEP, junto a otras no menos importantes como son el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), relancen políticas socio-económicas globales que sirvan de plataforma a planes y programas estratégicos dirigidos a la formulación, ejecución, sostenimiento y evaluación de proyectos de inversión productiva (agropecuaria, agroindustrial, agroforestal, educación, salud, agua potable, saneamiento ambiental e infraestructura de apoyo al desarrollo rural-urbano y eco-social, entre otros), principalmente en los países subdesarrollados, en particular los de América Latina y del Caribe, África y  Asía.

Una guía para coordinar acciones básicas

Con base en el marco estratégico establecido por el FIDA para el trienio 2007-2010 (www.ruralpovertyportal.org), puntualizo  a continuación las cuatro acciones más importantes para que la población más empobrecida, como es el caso de las comunidades rurales, tenga fácil acceso a los proyectos productivos que estarían incluidos  en el MPH y así poner a su disposición no sólo recursos financieros sino una amplia gama de  conocimientos teórico-prácticos orientados, por una parte, a potenciar sus propios conocimientos locales y, por la otra, a mejorar o reforzar su capacidad organizativa para aprovechar, eficientemente, los recursos de inversión y los locales, además de las oportunidades de desarrollo sostenible, implícitos en dichos proyectos. Estas acciones son las siguientes:

1º) Aplicación de planes de ordenamiento territorial basados en los criterios técnicos que permiten definir las capacidades de uso productivo, de soporte, de conservación-recuperación de los recursos naturales (suelo, agua, vegetación y fauna)  de los territorios o ecosistemas donde se harán efectivas las inversiones productivas.

2º) Utilización de prácticas agrícolas mejoradas, incluyendo tecnología avanzada o de punta que, siendo a la vez de alta eficiencia productiva, sean también económicamente eficaces, socialmente pertinentes y de bajo impacto negativo para el ambiente y los ecosistemas.

3º) Definición de una amplia variedad de servicios financieros, sumado al incremento del empleo a través de la creación de empresas rurales, más allá de la actividad agrícola.

4º) Conformación de sistemas de distribución, comercialización y mercadeo  de insumos y rubros agrícolas con altos niveles de competitividad, solidaridad y transparencia en las transacciones, valorados más por el impacto social positivo que generarían en las comunidades pobres, en términos de la satisfacción de sus necesidades humanas, y no por el lucro o ganancia especulativa  que pudieran obtener como actividad comercial o mercantil.

Es pertinente indicar que estas acciones incluyen las dimensionesbásicas de la pobreza (Arraigada, Op. Cit.), en las que incluye las Sectoriales (educación, empleo, salud, ingresos e inserción laboral, vivienda, género, raza,); Territoriales (capital social y entorno donde viven o trabajan las personas) y Familiar (edad y ciclo de vida de las personas, así como los intercambios económicos y la distribución del trabajo al interior de la familia). (http://www.revistafuturos.info/futuros14/pobreza_genero.htm)

Seguro estoy que tomando en cuenta estas acciones, junto con otras similares impulsadas por  organizaciones similares al FIDA como la FAO, PNUD y  PNUMA  consideradas en forma conjunta dentro de un esquema de MPH, bajo la tutela de la ONU, permitiría delinear los programas prioritarios sobre los cuales se ejecutarían los proyectos socio-productivos necesarios para reducir, efectivamente, la pobreza y el hambre en el mundo en los próximos 30 años.

Motivación para la formulación del MPH

La base principal de esta propuesta radica en la reflexión expuesta por el Secretario General de la ONU, Bam Ki-moon (Op.cit), según la cual: “…es oportuno y necesario reorientar los recursos que siempre han estado a disposición de  la ingeniería financiera especulativa, principal causa de la crisis de mercado actual, hacia inversiones más productivas, con el objetivo  de impulsar un crecimiento económico robusto, sostenido y eficaz en todas las naciones, tal que permita la apertura de más fuentes de  empleo de calidad y en cantidad suficiente a los fines de satisfacer los requerimientos laborales del futuro.”

Esta reflexión es la idea central del  plan que dio a conocer el PNUMA en el año 2010 con el objetivo de estimular la economía global, a la par de los programas y proyectos dirigidos a afrontar el desafío del Milenio: el cambio climático. De allí que se diga que estamos a las puertas de una: “Era basada en la Economía Verde”, cuyo impacto podría ser más significativo que el alcanzado por la revolución industrial y tecnológica durante los últimos 200 años de vigencia del capitalismo. Sobre este aspecto disertaré en otro artículo que presentaré para el debate en el marco de la Cumbre de Los Pueblos por la justicia social y ambiental.

¿Por qué un mega proyecto humanitario?

En primer lugar, porque a escala planetaria el PNUMA estima que la inversión requerida para proyectos con fines de  implantación de sistemas energéticos de bajo efecto invernadero, alcanzará casi los 2 billones de dólares para el año 2020; la sexta parte del monto total del MPH antes referido.

En segundo lugar, porque existe la suficiente idoneidad y experticia por  parte de los organismos adscritos a la ONU (FAO, FIDA, PNUD y PNUMA), que serían los llamados a coordinar y administrar los recursos a recaudar para el MPH, lo cual constituye una garantía de transparencia para la ejecución de un proyecto de tal envergadura.

Por ejemplo, el FIDA obtuvo entre los años  2006 y 2010  resultados muy significativos de sus proyectos que ayudaron a los agricultores de las naciones más pobres a incrementar la producción agrícola; acceder a un mayor número de mercados y obtener mayores ingresos familiares fuera de las explotaciones agrícolas. Estos resultados se indican a continuación:

I. Capacitación a más de 6 millones de personas en la utilización de tecnologías y servicios agrícolas mejorados.

II. Formación de 30.000 grupos de extensión agrícola y el fortalecimiento de 100.000 grupos comunitarios.

III. Construcción o reparación de 40.000 km de carreteras.

IV. Consolidación de un número superior a 120.000  microempresas, por sólo citar algunos resultados.

Criterios que sustentan el MPH

1º) Como base referencial de cálculo se consideró una cantidad de recursos  igual a 400.000 millones de $/año.

2º) El tiempo estimado para la ejecución del MPH sería de 30 años, entre los años 2013 y 2043, durante el cual se debe recabar, administrar y ejecutar un monto total de 12 billones de $ (4,0 x 1011 $/año x 30 años = 12,0 x 1012 $).

3º) El tamaño promedio  familiar es de 5 personas.

4º) Se estimó como escenario más negativo 3.000 millones de personas en situación de pobreza, es decir con ingresos iguales o inferiores a 2 $/diarios por persona.

5º) Se prospectó como meta un 75% de reducción de la pobreza y el hambre, es decir 1.875 millones de seres humanos.

6º) Se planteó una efectividad operativa del proyecto del 85% (10.2 billones de dólares), estimando que para la formulación, puesta en marcha, seguimiento, supervisión y monitoreo del MPH se requeriría un 15% de los recursos a recaudar; es decir, un monto aproximado de 1.8 billones de dólares.

7º) Como parte de la base de cálculo, se prospectó un precio promedio del crudo de petróleo de alrededor de los 70 dólares por barril, con una producción total promedio, entre países OPEP y no OPEP, de 75 millones de barriles por día.

A partir de estas premisas y/o pronósticos es factible de eliminar la pobreza extrema y mejorar la seguridad alimentaria y el disfrute de servicios básicos en los venideros 30 años de 450 millones de familias, actualmente en estado de pobreza, esto es, que sólo tienen como ingreso anual 3.650 $ por familia, que bajo las condiciones actuales de vida en Venezuela sólo alcanzaría para cubrir las necesidades prioritarias durante 2 meses y trece días, ya que la canasta básica de alimentos y de servicios está en el orden de los 1.500 $/mes, de allí que para adquirirla esa misma familia requiera de un mínimo de18.000 $/año como ingreso básico.

En consecuencia, el MPH tendría que atender 15 millones de familias por año, requiriendo anualmente de 270 mil millones de dólares para ayudar a 75 millones de personas a superar  de la pobreza extrema.
Las fuentes de financiamiento para cubrir los gastos e inversiones requeridos por el MPH pudieran salir de los ingresos que obtienen, recaban o reciben los países productores de petróleo, OPEP y No OPEP, la OCDE, BM, BID, además de las Reservas Federales o los Bancos Centrales de los países más ricos.

Para tener solo una idea aproximada, por concepto de renta petrolera, los países OPEP y No OPEP obtendrían ingresos superiores a 50 billones de dólares  entre los años 2013 y 2043, que sumados al patrimonio del estrato social más rico del planeta, que en la actualidad sería superior a los 30 billones de dólares, permitirían disponer de un monto superior a los 80 billones de dólares.

Recuérdese que se requerirían de 12 billones de dólares, que es un monto muy inferior comparado con la riqueza efectiva que concentra el 1% de la familias más ricas del mundo, pero que serían suficientes para ayudar a salir de la pobreza extrema más de 1875 millones de personas en un periodo de treinta años.

No obstante, Schargell (Op. Cit.) manifestó dudas en torno a lafactibilidad de aplicar medidas contundentes como las que sustentan este MPH para erradicar estos problemas, más aún si ellas van a exigir algún sacrificio de los países más ricos, la mayoría de los cuales han entrado en situación de recesión económica. Según él, la tendencia estará dirigida a resolver los problemas propios de cada país, reduciendo la ayuda externa al mínimo.

Conclusiones

Con base en estas estimaciones, es urgente que la ONU haga un exhorto a los entes antes mencionados, extensible a las naciones cuyas economías sean robustas y en constante crecimiento o consolidación, con el objeto  de crear un Fondo Mundial de Reserva que garantice la definición, ejecución, seguimiento, evaluación y mantenimiento del MPH durante un lapso de 30 años, tiempo en el cual debería eliminarse o minimizarse el flagelo de la pobreza y el hambre en el mundo a más de 1875 millones de seres humanos.

Por último, solicito a los lectores y  a quienes son  expertos en la materia, para que hagan los comentarios o críticas que consideren pertinentes a los fines de  mejorar el fundamento teórico y metodológico de las Ideas-Fuerza  contenidas en  este  “dossier”. A todos muchas gracias.

(ALAI)

Referencias bibliográficas
Arraigada, I. 2006. Dimensiones de la pobreza y políticas desde una perspectiva de   género. Revista Futuros, Nº 14, Vol. IV.
Ban Ki-moon 2008. Empleos Verdes I y II. Project Syndicate, en Diario El Nacional 27 y 28-10-2008, página 15. Caracas, Venezuela.
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. Informe anual 2007. Roma, Italia.172 p.
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. Informe anual 2008. Roma, Italia. 179 p.
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. Informe anual 2009. Roma, Italia. 91 p.
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. Informe anual 2010. Roma, Italia. 66 p.
Schargell, R. 2008. Comunicación personal.

*Edgar Jaimes es Profesor Titular de la Universidad de Los Andes (ULA), Núcleo Universitario “Rafael Rangel”. Grupo de Investigación de Suelo y Agua (GISA). Trujillo. Venezuela.

http://www.alainet.org/active/52488

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México, 1 Feb. (Notimex).- En 2011 ingresaron a México 22 mil 731 millones de dólares por concepto de remesas familiares, cifra 6.86 por ciento mayor respecto a los 21 mil 271 millones captados en 2010, según datos del Banco de México (Banxico).

Sólo en diciembre pasado, las remesas familiares provenientes principalmente de Estados Unidos ascendieron a mil 766.3 millones de dólares, 3.50 por ciento más respecto a los mil 706.6 millones captados en el mismo mes de 2010.

Con el avance de diciembre, las remesas ligaron 15 meses con incremento a tasa anual, aunque moderó su crecimiento desde el 8.86 por ciento en noviembre, 10.38 por ciento en octubre y 21.25 por ciento en septiembre, el cual fue el mayor en los últimos cinco años.

Para analistas económicos, el flujo de remesas de diciembre se vio favorecido por el buen desempeño que presentó el empleo de los trabajadores migrantes mexicanos en Estados Unidos.

De acuerdo con la información del Banxico, el número de operaciones en diciembre fue de cinco millones 930.1 mil, lo que significó un crecimiento de 5.12 por ciento respecto a las cinco millones 641.5 mil operaciones en igual mes de 2010.

En tanto, el envío promedio en diciembre de 2011 fue de 297.85 dólares, una disminución de 1.54 por ciento respecto a los 302.51 dólares en el mismo mes del año previo.

Según los datos del Banxico, en su comparación mensual, el monto de las remesas en diciembre (mil 766.31 millones de dólares) fue menor en 0.41 por ciento a los mil 773.58 millones captados en noviembre, con lo que liga cuatro meses a la baja.

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México, 1 feb (PL) México aspira recibir más de 28 millones de turistas internacionales en 2012, lo cual representaría para el país en términos económicos la entrada de unos 17 mil millones de dólares, estimó el ministerio del sector.

Las proyecciones de la Secretaría de Turismo (Sectur) están por encima de estimaciones que realizaron empresarios de este rubro que constituye nueve por ciento del Producto Interno Bruto.

Aunque las cifras oficiales de la llegada de visitantes extranjeros al cierre de 2011 no han sido divulgadas por el Banco de México, se calcula que de enero a noviembre al menos 20 millones 59 mil pasaron por el territorio nacional, cifra ligeramente superior a la reportada en igual periodo de 2010.

De acuerdo con el Sectur, en 2010 se registraron 22 millones 400 mil turistas procedentes de otras naciones, quienes dejaron aquí once mil 871 millones de dólares, según publicó el periódico Excelsior.

Durante los últimos cinco meses de 2011 se reportó un incremento sostenido en el número de visitantes respecto a la misma etapa del año previo.

Datos del Sistema Integral de Operación Migratoria establecen que en agosto del año pasado arribaron a México más de 730 mil turistas; en septiembre, más de 551 mil; en octubre, alrededor de 676 mil; en noviembre, unos 799 mil, y diciembre, más de un millón 72 mil.

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Washington, 31 Ene (Notimex).- El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara Baja, Darrell Issa, amenazó al procurador Eric Holder con declararlo en “desacato” ante el Congreso, si no entrega antes del 9 de febrero documentos relativos a “Rápido y Furioso”.

En una carta a Holder, en vísperas de su comparecencia ante el Comité este jueves, Issa emplazó al secretario de Justicia a justificar legalmente el bloqueo de la documentación, o de lo contrario cumplir con el citatorio para ponerla a disposición del panel legislativo.

“Si el Departamento (de Justicia) continúa obstruyendo la investigación legislativa al no proveer los documentos y la información, este Comité no tendrá otra alternativa que iniciar trámites para declararlo en desacato ante el Congreso”, escribió Issa.

El citatorio emplaza a Holder a entregar toda la información relativa a “Rápido y Furioso” que involucre comunicaciones entre su oficina y las de los subprocuradores David Ogden, Gary Grindler, James Cole, Manny Breuer, Jason Weinstein, Kenneth Blanco, John Keeny y Bruce Swartz.

Otros funcionarios citados son los subprocuradores adjuntos Matt Akelrod, Ed Siskel, Kevin Carwile, Joseph Cooley y James Trusty.

El citatorio emitido por Issa en octubre también contempla la información relacionada con el asesinato en México del agente Jaime Zapata, de la Oficina de Servicios Migratorios y Aduanales (ICE), así como de la muerte del agente de la Patrulla Fronteriza Brian Terry.

Entre los documentos solicitados por el Comité figuran además los contactos entre los funcionarios y la Casa Blanca, en relación con una entrevista concedida por el presidente Barack Obama a Jorge Ramos de Univisión, entre otros.

Holder comparecerá este jueves ante el Congreso sobre la Operación Rápido y Furioso, en momentos que Issa ha acusado a funcionarios del Departamento de Justicia de participar en un encubrimiento “criminal” del operativo de trasiego de armas a México.

Holder, quien ha asumido la responsabilidad por la fallida operación, será interrogado además por los legisladores sobre las “deficiencias administrativas” que cometió el Departamento de Justicia con motivo del operativo, según el Comité.

La comparecencia de Holder tendrá lugar luego que Patrick Cunningham, jefe de la División Criminal de la Oficina de la Procuraduría Federal en Arizona, invocó la Quinta Enmienda Constitucional para no testificar ante el Comité sobre “Rápido y Furioso”.

Cunningham, un veterano abogado, ha sido el primero en hacer uso de esa excepción constitucional, que lo protege de la autoincriminación, en relación con “Rápido y Furioso”.

El Departamento de Justicia entregó el viernes pasado al Comité cientos de documentos relacionados con el operativo, así como con la muerte del agente de la Patrulla Fronteriza Brian Terry ocurrida el 15 de diciembre de 2010.

“Rápido y Furioso”, que permitió la entrada de más de dos mil armas a México, es también objeto de una investigación separada del Inspector General del Departamento de Justicia.

El Comité de Supervisión se quejó de que Holder sólo entregó al panel seis mil páginas de documentos, cuando existen al menos 80 mil que han sido puestas a disposición del Inspector General.

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Esther Vivas

La defensa de los bienes comunes, los ecosistemas y la biodiversidad es hoy uno de los temas más importantes en la agenda de los movimientos sociales en América Latina y esto es precisamente lo que está en juego en la cumbre de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible Río+20, que tendrá lugar en junio 2012 en Río de Janeiro. El Foro Social Temático ‘Crisis capitalista, justicia social y ambiental’, que concluyó el pasado domingo 29 en Porto Alegre (Brasil), sirvió para establecer las bases para la movilización social de cara a esta cita clave.

La ofensiva del capitalismo, vía la economía verde, para privatizar todos los ámbitos de la vida y la naturaleza se intensifica. Y en un contexto de crisis económica como el actual, una de las estrategias del capital por recuperar la tasa de ganancia se basa en mercantilizar los ecosistemas. Asimismo, se presentan la nuevas tecnologías (nanotecnología, agrocombustibles, geoingeniería, transgénicos…) como la alternativa a la crisis climática cuando éstas no harán sino intensificar la crisis social y ecológica que enfrentamos.

Todo apunta a que la Cumbre de Río +20 va a servir para despejar el camino a las empresas para legitimar sus prácticas de apropiación de los recursos naturales. De aquí la importancia de la Cumbre de los Pueblos de Río+20, que se celebrará días antes de la cumbre oficial, organizada por un amplio abanico de movimientos sociales y que presentará un programa y una hoja de ruta alternativos.

En Europa y en Estados Unidos, en cambio, la resistencia indignada se centra en la movilización contra los recortes sociales, las privatizaciones, la banca y el pago de una deuda ilegítima. Temas, paradójicamente, centrales en América Latina en las décadas de los años 80, 90 y 2000. Colocar la cuestión de la crisis ecológica y la economía verde en la agenda de estos nuevos movimientos sociales (indignad@s y occupiers) fue otra de las cuestiones repetidamente planteadas en el Foro Social Temático. En definitiva, la necesidad de vincular la lucha por la justicia social con la lucha por la justicia ecológica.

Y una última preocupación atravesó este foro, latente en anteriores ediciones y que cobra mayor urgencia al calor de los últimos acontecimientos, el repensar el proceso del Foro Social Mundial en el contexto de apertura de un nuevo ciclo de protesta social indignada. Los nuevos movimientos sociales que hemos visto emerger en el mundo árabe y el Magreb, Europa y Estados Unidos abordan una agenda de acción al margen de los foros sociales que son un instrumento de una época que ya pasó.

A pesar del éxito de la jornada de acción global del 15O (15/10/2011), su coordinación internacional fue más bien débil. Díez años atrás, en cambio, los foros sociales (y en especial el Foro Social Mundial y el Foro Social Europeo) eran uno de los principales referentes del movimiento altermundialista y antiguerra, entonces en auge, y actuaban como motor de un programa y una agenda de lucha contra la globalización neoliberal y la guerra. Esto pasó a la historia. Y ahora está por ver de qué nuevos instrumentos de coordinación podrá dotarse esta marea indignada. Lo que es seguro, pero, es que en este camino en construcción hacia nuevos procesos y marcos de trabajo, la experiencia del Foro Social Mundial y de las campañas e iniciativas altermundialistas del periodo anterior no habrán sido en balde sino al contrario.

*Esther Vivas ha participado en el Foro Social Temático de Porto Alegre.

+ info: http://esthervivas.wordpress.com

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Fernando Dorado

Éste escrito surge de un sucinto análisis de las similitudes entre las naciones y pueblos de México y Colombia que se publicará en el Libro Colectivo “La Neta Revelada”, editado y compilado por el escritor y periodista Juan Francisco Belmont desde su exilio en Canadá.

Considero que es útil y necesario realizar un ejercicio comparativo de nuestros países. El objetivo es explicarnos por qué en unos países aparecen líderes de la talla de Fidel Castro o los Ortegas, Chávez, Correas o Morales, en otros del perfil de Lula como los Kirchner, Tabaré Vásquez, Mujica, Rousseff o Bachelet, y en unos más, del tipo de Funes, Humala o Lugo.

“No es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino que, al contrario, es su ser social el que determina su conciencia”[1]. Esta famosa frase de Marx, que es la esencia de su enfoque materialista dialéctico aplicado a la historia social, nos sirve de brújula para realizar esta concisa comparación de nuestras sociedades, pueblos y “naciones”.

Antes de avanzar es importante aclarar que éste análisis no tiene como respaldo grandes estudios académicos ni “científicos” sino que surge de los esfuerzos de un activista social que se alimenta de la luchas de los pueblos de la región y que – desde la empyria – intenta aplicar sus conocimientos a la explicación de nuestra compleja realidad.

Tres (3) tipos de burguesía a la cabeza del bloque oligárquico y tres (3) grupos de países

En América Latina está en desarrollo una revolución nacionalista contra los bloques de poder oligárquicos. Éstos entregaron la soberanía de nuestra región al control del FMI y el Banco Mundial BM. Aplicaron durante los años 80s y 90s del siglo pasado el paquete neoliberal del Consenso de Washington impuesto por el gobierno de los EE.UU. Reagan y Tatcher mandaban.

La clasificación que se presenta se basa en la identificación de la clase social o sector de clase que lideraba o lidera en cada país a ese bloque oligárquico. Ello determina del otro lado – por contraposición – qué clases o sectores de clase encabezan el bloque subordinado en la lucha democrática por independencia, soberanía y autonomía.

Las clases sociales que de acuerdo a este análisis se disputan el poder en el bloque oligárquico son: Una burguesía trans-nacionalizada que es directa heredera de la clase terrateniente que industrializó el campo bajo el modelo “prusiano”; una burguesía burocrática parasitaria que se fortaleció durante el auge del “Estado de Bienestar”; una burguesía industrial que creció durante el período de la sustitución de importaciones (1945-1970), y algunos rezagos de la clase terrateniente que sobrevivió en aquellos países en donde no se profundizó la reforma agraria.

Así, los tres grupos de países por orden geográfico son:

Grupo A: Chile, Paraguay, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, República Dominicana y México. En ellos la clase gran terrateniente encabezó el bloque de poder hasta los años 80s A partir de esa fecha se recicló en burguesía trans-nacionalizada y financiera a la sombra del poder imperial y de la entrega de nuestras riquezas y empresas al gran capital. En esos países las burguesías industriales fueron débiles y se subordinaron – con algunas excepciones –, al poder oligárquico-imperial.

México y Costa Rica tienen características particulares dentro de este grupo, dado que por circunstancias especiales realizaron reformas agrarias más profundas. Allí, a la sombra de los grandes terratenientes,  las burguesías burocráticas acumularon un importante poder.

Grupo B: Argentina, Brasil y Uruguay. Son países en donde el bloque de poder oligárquico está hegemonizado por una burguesía industrial, que compartió el poder durante el siglo XX con la clase terrateniente pero que por condiciones de migración, acumulación de capitales durante el esclavismo y otros fenómenos, consiguió – después de muchas tensiones y conflictos – ponerse a la cabeza de Estados nacionales, y mantener una relativa autonomía frente a Europa y EE.UU.

Grupo C: Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela. Países en donde el bloque de poder oligárquico era dirigido – hasta antes de las revoluciones – por una clase burocrática parasitaria (compradora y entreguista) que supervivía en alianza con una retrógrada clase terrateniente y una débil burguesía industrial. Eran el eslabón débil de la cadena imperial.

En cada uno de los países que hacen parte de cada grupo existen similitudes asombrosas. Claro, también, importantes diferencias. El poder oligárquico de los países del Grupo A es legatario directo de las 3 Reales Audiencias (Virreinatos) españoles y sus gobernaciones más fuertes (Nueva España-México; Nueva Granada-Colombia; y Nueva Castilla-Perú) en donde perduraron las oligarquías terratenientes. Los países de los otros dos grupos tuvieron fuertes influencias migratorias o desarrollaron un espíritu libertario desde la época colonial y republicana.

¿Cómo avanza la revolución democrático-nacionalista en cada grupo de países?

El avance de la democracia nacionalista tiene grandes diferencias en cada grupo.  Empecemos por el Grupo C. Allí la revolución nacional es dirigida por las clases subordinadas en alianza con débiles sectores de la burguesía nacional, en contra de los grandes terratenientes y de la burguesía “compradora”. Ello explica la tremenda y permanente polarización política, tanto interna como externa con el bloque de oligarquías regionales y el imperio. Ellos se apoyan mutuamente.

En el Grupo B, el proceso de cambio es encabezado y canalizado por la burguesía nacional en alianza con sectores organizados de los trabajadores y sectores medios de la sociedad. Ese frente político aguanta a los terratenientes y a la burguesía comercial. La polarización es menor por cuanto el proyecto “nacional” en cabeza de la burguesía le garantiza a todas las clases poderosas y propietarias la contención de los campesinos que luchan por la tierra, la explotación eficaz de los trabajadores y participar de los beneficios del crecimiento económico.

En el Grupo A la burguesía trans-nacionalizada está al frente de la hegemonía oligárquica. Ésta ha logrado consolidar una fuerte alianza con sectores terratenientes en contra de las demás clases subordinadas que por períodos realizan alianzas coyunturales con la burguesía burocrática, que está fuertemente mermada. En general, han logrado mermar los vientos nacional-democráticos.

Análisis comparativo

La historia de América Latina nos envía señales sobre la naturaleza de los gobiernos que actualmente abren espacios democráticos y nacionalistas en nuestros países. De acuerdo a su historia y contradicciones acumuladas en el tiempo se pueden ubicar características similares que sirven para prever las tendencias predominantes y diseñar estrategias.

En aquellos países en donde las oligarquías terratenientes y el poder de los imperios no permitieron el desarrollo de una fuerte burguesía industrial, los trabajadores, campesinos y comunidades indígenas logran ponerse al frente de los sectores medios de la sociedad. Así, hoy lideraran revoluciones pacíficas con claro sabor anti-imperialista y anti-neoliberal. Son los casos de Venezuela, Ecuador y Bolivia (emulando las insurrecciones de Cuba y Nicaragua).

En estos países los bloques de poder democrático están compuestos por trabajadores, sectores medios de las ciudades y de la pequeña-burguesía rural (campesinos indígenas, mestizos y afros pequeños y medianos productores) que han conseguido alianzas explícitas y no expresas, con sectores minoritarios de la burguesía burocrática e incluso industrial. El peso de la dirección está en manos de clases “medias” nacionalistas pero no anticapitalistas. Esa es la contradicción que se manifiesta en los conflictos sociales que afloran en Ecuador y Bolivia, y que en Venezuela asume un carácter político-electoral. Cuba y Nicaragua – por su evolución – requieren otro análisis.

Las condiciones en Colombia, Perú, Paraguay y toda Centroamérica, a excepción de México y Costa Rica, daban para que durante la 2ª mitad del siglo XX se desencadenaran revoluciones democráticas. La burguesía “manita” y “nica” realizó reformas agrarias que evitaron que la lucha por democratización de la tenencia de la tierra se convirtiera en verdaderas guerras civiles, como sucedió en la región. En aquellos donde no se aplicaron las reformas o se hicieron parcialmente, se produjeron alzamientos campesinos durante todo el siglo XX. Esos conflictos – gracias a la intervención imperial – fueron convertidos en las actuales “guerras del narcotráfico”.

En el grupo A, aparecen ahora señales incipientes de construcción de políticas autónomas. Así ha ocurrido en El Salvador (Funes), Paraguay (Lugo) y Perú (Humala). Sin embargo, la situación es muy frágil, dado que si se intenta dar el paso completo hacia la autonomía nacional y la democratización – caso reciente de Honduras (Zelaya) –, las oligarquías reaccionarias y el imperio estadounidense se coaligan para impedir los avances, incluso por la fuerza, sin que la débil burguesía nacional (casi inexistente) pueda servir de contención.

En estos países pesa con fuerza el papel de la burguesía trans-nacionalizada, que es la que se coloca a la cabeza de la reacción. A nivel regional esta clase ha empezado a jugar de una manera nueva desde la elección de Santos en Colombia, quien ha sido asesorado por un selecto grupo de estrategas norteamericanos.[2] La oligarquía colombiana dio un viraje con respecto a la política de Uribe, distensionó las relaciones con Venezuela y Ecuador, agrupó a Chile, México, Perú  y Panamá, y se acercó a las burguesías brasileña y argentina.

Ese bloque burgués imperial pretende liderar el proceso de integración regional y neutralizar a los gobiernos revolucionarios (ALBA). Se muestra – por ahora –, en lo económico, menos plegado al gobierno de los EE.UU. mostrándose abierto a las relaciones con China y otros bloques económicos, pero en lo político y militar (caso de intervención en Libia, alianza con Israel) sigue dependiendo del direccionamiento de USA.

Esa burguesía trans-nacionalizada – que ya comparte mercados de la región en el campo de la energía eléctrica, proyectos de infraestructura, productos como el azúcar, café y manufacturas –,   impulsa la integración regional con una óptica neoliberal, apura la adecuación de las comunicaciones (IIRSA) hacia una mayor y más eficiente explotación de los recursos naturales y la re-primarización de la economía (agro-combustibles, otros productos tropicales), y aunque promueve algunos proyectos de industrialización, lo hace muy modestamente. No está dispuesta a enfrentar en serio, por ahora, a las grandes potencias.

En los países del Grupo A, en donde las fuerzas democráticas han ganado un espacio (El Salvador, Paraguay y Perú), la situación es crítica. Todavía quedan remanentes de la lucha armada insurgente de los años 70s del siglo pasado que – al no triunfar –, dejaron tremendas heridas en las naciones, en el alma popular, miedos y resentimientos, que son utilizados en forma de chantaje por las reaccionarias oligarquías. Por tanto, los pasos que dan los gobiernos con perfil democrático-nacionalista son muy tímidos, y sólo una estrategia muy calculada, más la influencia del entorno regional y mundial, van a determinar los cambios a lograrse.

En aquellos países del Grupo B en donde las burguesías industriales consiguieron ser cabeza de la alianza con los terratenientes, a pesar de todas las tensiones, se han conformado bloques interclasistas que avanzan hacia relativos logros independentistas, autonómicos y de integración regional. Es el caso de Brasil, Uruguay y Argentina.

En esas alianzas inter-clasistas aparecen fuerzas de los trabajadores del Estado y los obreros  “centralizados” (trabajadores del petróleo, siderúrgicos y de la industria automovilística). Se colocan al frente dirigentes de los trabajadores como Lula pero – mirado en conjunto –, es la gran burguesía la que mueve los hilos del “desarrollo”. Se avanza en “re-distribución de la riqueza”, pero en general no se pasa de programas asistencialistas. La estructura del modelo no se afecta.

Chile es un caso “sui géneris”. Siguiendo los pasos de Cuba se adelantó en 1971 a realizar su revolución popular/democrática pero las fuerzas revolucionarias fueron derrotadas por el golpe militar. Dado que la burguesía en alianza con la clase terrateniente se consolidó en una burguesía trans-nacionalizada, bajo la cobertura de la dictadura (situación similar a Colombia y Perú, en donde la gran burguesía consiguió derrotar los aires democráticos dejados por Gaitán y Haya de La Torre), ha venido creciendo a la sombra del imperio y con su visto bueno. No es accidental que estas tres burguesías con la de México, estén a la cabeza de la derecha latinoamericana.

Conclusión

No es casual entonces que triunfen políticamente líderes revolucionarios radicales en Cuba o Venezuela, profundamente moderados en Brasil o Uruguay, o francamente vacilantes en Perú o Chile. No obstante, a pesar de la diversidad, mirada en su conjunto América Latina ha dado pasos importantes hacia la independencia y la autonomía frente a USA. Con la conformación de MERCOSUR, el ALBA, UNASUR y la CELAC, los pueblos han avanzado pero las burguesías y las clases dominantes todavía tienen un enorme peso económico (y político). Es verificable.

En consecuencia, es evidente que sólo un frente internacional de los trabajadores de A.L., organizados con independencia dentro de los bloques de clases existentes (que tienen disímiles expresiones políticas en cada país como PSUV-Venezuela; MIPAIS-Ecuador; MAS-Bolivia; PT y aliados-Brasil; Justicial-peronistas-Argentina; Frente Amplio-Uruguay; etc.) podrán enfrentar con consecuencia a las poderosas burguesías regionales que están en proceso de acercamiento y unificación.

Las burguesías regionales en sus dos grandes vertientes (brasilera-argentina y colombiana-peruana-chilena-mexicana), se concertarán para hacer abortar los procesos revolucionarios en marcha. Si consiguen mantener dispersos a los trabajadores y confundida a la pequeña burguesía con caminos “alternos” (nacionalistas burgueses y pequeño-burgueses), no habrá quien se les oponga ni quién lidere una propuesta proletaria verdaderamente transformadora.

No se trata de usar la independencia de clase para debilitar las causas democráticas y nacionalistas sino para ayudar a construir una mayor y mejor Hegemonía Social Popular, atrayéndose a las demás clases subordinadas hacia la construcción de verdaderos “frentes populares”. Lo que ocurre en nuestros países – incluyendo la misma Venezuela – nos obliga a hacerlo. No podemos ilusionarnos con salvadores supremos.

Hay que hacerlo ya: “Proletarios de todos los países, uníos”[3].

[1] Marx, Karl. “Prólogo de la contribución a la crítica de la Economía Política”. Heft, Berlín, 1859

[2] La Silla Vacía. “Los asesores gringos en la campaña de Santos”: http://www.lasillavacia.com/historia/14657

[3] Marx, Karl y Engels, Friedrich. “Manifiesto del Partido Comunista”. Londres, 1848.

Popayán,  30 de enero de 2012

http://www.alainet.org/active/52433

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Alejandro L. Perdomo Aguilera

“Si las drogas tienen tan devastador efecto en Estados Unidos, piensen lo que pueden ocasionar en democracias frágiles con economías inestables. No puedo pensar en un asunto más importante para la estabilidad de nuestro hemisferio que éste.” [1]

La América Latina entre el narco y la dominación, se encuentra ante una nueva encrucijada imperial, tejida esta vez por los senderos del tráfico de droga ilícitas (TDI) y otros delitos conexos, que conmueven a la región, con el incremento de la violencia, la inseguridad y los efectos para la gobernabilidad y el Estado de derecho, que producen las guerras desatadas por el gobierno estadounidense, en su cruzada antidroga.
Se calcula que el tráfico ilícito de drogas a nivel internacional genera dividendos que superan los 320 000[2] millones de dólares anuales. En la actualidad los EE.UU., por encima de otros actores globales, entre los que se destacan la Unión Europea (UE) y Rusia, es el principal mercado de drogas y el primer productor de armas, suministrador por excelencia a los principales carteles de la droga.
El panorama latinoamericano, presenta escenarios convulsos, a causa de un negocio que afloró en la década de los 80 de la pasada centuria y que, hasta el presente, no ha hecho más que reproducirse hacia otros Estados del continente, ampliando sus vínculos extra-regionales, que consolidan la economía de las drogas, como una empresa muy lucrativa, para la criminalidad conexa a este delito.
Esta situación, acrecienta su impacto para la paz y la seguridad internacionales, con una peligrosa vinculación, desde el Derecho Internacional, con otros delitos como el terrorismo y los efectuados en el ciberespacio. Estas vinculaciones, alentadas por las potencias occidentales y su influencia sobre los medios de comunicación y redes sociales en Internet, consolidan el aparato político-diplomático que hace consenso sobre el paradigma de la seguridad humana. Sus efectos permiten justificar ante la opinión pública mundial, las penetraciones imperiales en la región, bajo la justificación de la guerra contra el “narcotráfico” o, como actualmente se le llama, contra el narcoterrorismo.
Los derroteros del crimen transnacional, recrudecen los problemas socioeconómicos y políticos que padece Latinoamérica, con un gran impacto sobre los procesos electorales, los proyectos de gobierno y la proyección exterior de los líderes de la región.
Bajo esas circunstancias, el Consejo Sudamericano de Defensa, resulta una opción para el enfrentamiento, al menos de de forma más autónoma, contra flagelo de las drogas. Esta Institución, creada como respuesta de la región, bajo la impronta del ex presidente brasileño Lula Da Silva, en el marco de la UNASUR, resulta un intento por dar respuesta, a los problemas más urgentes que atentan contra la paz y a seguridad latinoamericana, que tuvo una expresión en los recientes acuerdos de Brasil y Bolivia para operaciones conjuntas en la lucha contra el TDI con el objetivo de proveer de una mayor seguridad a sus fronteras.
Realmente la respuesta era necesaria, pues del Comando Sur, la IV Flota y las últimamente silenciadas 7 bases militares en Colombia, se desprende el re-fortalecimiento militar de la geoestrategia de dominación estadounidense, adjunta con un paquete de cooperación en materia de asesoría jurídica, policial y de otros ordenes institucionales, que marcan el continuo interés por su patio trasero.
En este juego de poderes, vale la pena considerar qué papel desempeña Brasil como líder regional, ante la difícil situación sociopolítica de México, llamado a concentrar todas sus fuerzas en frenar el auge de los cárteles y la sangrienta guerra contra las drogas que tantos crímenes y víctimas cobra día a día. Esa difícil coyuntura, y otras problemáticas estructurales que arrastra la sociedad mexicana, dejan espacio para que Brasil, pueda tomar un mayor liderazgo.
Por otra parte, el gobierno de Santos en Colombia, logra consenso en la región, con una determinada reconciliación de intereses comunes con Venezuela en el tema de la lucha antidroga, que tuvo su enunciado en la extradición del narcotraficante Walid Makleda Caracas y la polémica entrega del Editor de Anncol Joaquín Pérez Becerra,al gobierno de Bogotá.
Entretanto, la administración Obama mantiene, como lo hiciera la de W. Busch hijo, la combinación del enfoque geopolítico y geoeconómico con un marcado unilateralismo. La militarización de la guerra contra las drogas, ha devenido en la receta ideal para alentar desarrollo de la carrera armamentista, tan necesaria para ese país. A ello se suman las Empresas Militares de Seguridad Privada y de otros servicios, conocidos contratistas-mercenarios, que extrapolan sus operaciones del Medio Oriente y Asia Central en Latinoamérica.
Esta situación ha tenido una generalización en la práctica político-diplomática de Obama, ya no sólo con los traslados de funcionarios políticos, diplomáticos a Nuestra América, sino también de las Operaciones. Recientemente fue dado a conocer por el New York Times, la noticia de que los 5 Comandos nombrados como Equipo de Apoyo y Asesoramiento de Despliegue Extranjero (FAST), que fueron destinados hace seis años al combate del opio en Afganistán, habían sido trasladados hacia el Hemisferio Occidental, operando en países de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, con su posible extensión hacia otros Estados de la región. Estas acciones reflejan la vigencia de un proyecto iniciado por W. Busch, denotando las continuidades y cambios que se manifiestan en la geoestrategia de dominación de los Estados Unidos para Nuestra América.
Del fracasado pero aún con vida Plan Colombia, la fenecida Iniciativa Regional Andina IRA, la extensión del Plan Colombia en Plan México, luego retitulado como Iniciativa Mérida, se puede reconocer una geoestrategia de dominación que se va perfilando y consolidando, a través de la justificación político-diplomática del flagelo de las drogas, para incrementar su penetración en la región, decididos a no perder su equilibro hegemónico.
Desde esa perspectiva, los EE.UU. ha recrudecido la guerra antidroga, con la autorizaron de la utilización de aviones no tripulados (Drones), para su utilización en la persecución de narcotraficantes e inmigrantes, en aras de aumentar la seguridad en la Frontera de EE.UU. con México. Ello refuta la errónea estrategia antidroga que persigue Estados Unidos, la cual reinvierte en el pilar militar, dejando a un lado el importante control del consumo en su país y el impulso a programas de asistencia social, que contrarresten en algo las marcadas diferencias sociales, que arrecian la falta de empleos y la crisis en la economía, lo que incentiva a los sectores más marginados de la sociedad a insertarse en la actividad ilícita de las drogas tanto en América Latina como en los EE.UU.
Pero la fallida guerra contra las drogas ya va generalizando consenso en cuanto a su fracaso manifiesto. En el Informe de Human Rights Watch sobre la lucha contra el tráfico ilícito de drogas (TDI) en México se reconoce, a consideración del director de esta Institución para “las Américas”, José Miguel Vivanco:
“En vez de reducir la violencia, la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México ha provocado un incremento dramático de la cantidad de asesinatos, torturas y otros terribles abusos por parte de las fuerzas de seguridad, que sólo contribuyen a agravar el clima de descontrol y temor que predomina en muchas partes del país.”[3]
El auge de la violencia, de crímenes y accidentes sospechosos, como el de la caída del helicóptero en Xochimilco,en las afueras de la Ciudad de México, el cual provocara la muerte del José Blake Mora, Secretario de Gobernación de México y de los funcionarios Felipe Zamora, Subsecretario de Gobernación y el coordinador de comunicación social José Alfredo García. Ello recuerda el accidente del 4 de noviembre del 2008, del avión donde viajaba el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño y el fiscal antidrogas, José Luis Santiago Vasconcelos. Realmente la situación por la que atraviesa México en la actualidad y la relación estrecha que tenían estas figuras con la guerra antidroga, hace dudar a más de uno, sobre la veracidad del accidente.
Esta propia realidad, haciendo retrospectiva hacia hace sólo una década, nos coloca en el deber de mirar con sumo cuidado las consecuencias que afronta para la región el tráfico de drogas ilegales, por las lecturas imperiales que conforman su geoestrategia de dominación, desde el escudo político-diplomático de la guerra contra las drogas debatiendo, por qué no, acerca de sus consecuencias y posibles escenarios.
Consecuencias del Tráfico Ilícito de Drogas (TDI) para Latinoamérica
Las consecuencias derivadas del TDI y otros delitos conexos tienen un efecto negativo y perjudicial tanto en los países que concurren en el negocio, bien como productores-exportadores, los consumidores y los que sirven como rutas a los distintos mercados.
La subregión andina (Colombia, Perú y Bolivia), en Latinoamérica es el centro productor por excelencia de la cocaína; lo que conlleva a que estos países de manera individual e indistintamente, se hallen vulnerables a la aplicación de las estrategias geopolíticas y geoeconómicas de las grandes potencias, en la llamada guerra contra las drogas.
En América Latina, los gobiernos de Centroamérica, México y Colombia son incapaces de enfrentar un problema cuyos excedentes generan cifras millonarias superiores a lo que racionalmente pueden gastar en su defensa. Por ello, el tema de la responsabilidad compartida y diferenciada para las potencias occidentales es un derecho irrenunciable por parte de los países más afectados por este fenómeno, en aras de exigir un apoyo verdaderamente palpable para un negocio, el cual no existiera ni se reprodujera sin el concurso de los fondos, las armas y los problemas latentes en las potencias imperiales.
Los países que tradicionalmente funcionan como productores y/o corredores de la droga paulatinamente van elevando su consumo e iniciando producciones domésticas, ya no sólo para exportar, sino también para atender la demanda interna. Con el desarrollo de las drogas sintéticas y las facilidades existentes para su producción; eliminándose la necesidad de extensas rutas o grandes producciones que deban almacenarse.
Por otra parte, la infraestructura que debe crearse en los países latinoamericanos para el enfrentamiento del TDI y otros delitos conexos es tal, que se ven atados de manos para atacar con eficiencia las disímiles formas en que se reproduce la mercancía y sus renovadas vías de exportación. Su institucionalidad no es capaz de regular el problema de las drogas con la velocidad que se producen nuevas sustancias sintéticas del grupo de las anfetaminas (ETA), de hecho muchas de ellas se obtienen con materias primas licitadas, e incluso se compran por Internet o por prescripción facultativa.
La evolución del negocio de la droga recorre casi todas las fases de la empresa capitalista tradicional y su persecución permite también la regulación de los precios del producto, encareciéndolo en la medida que los narcotraficantes meritan de mayores medios para su ejercicio. Dese esa perspectiva, la guerra contra las drogas en Latinoamérica, desde la lectura estadounidense, no tiene que ser un éxito absoluto, sino que el hecho en sí de tener la guerra ya constituye un negocio muy rentable.
La cruzada contra las drogas desplegada por los EE.UU. ha devenido en un sustituto exitoso de la guerra fría y para la geoestrategia imperial en sus planes re-fortalecimiento de la dominación político-militar y económica de los países afectados por esta política. Por medio de ella intentan demonizar a los Estados que no se identifican con sus preceptos de democracia representativa; siendo atacados como terroristas y narcotraficantes, por lo que son incluidos en las listas negras que elabora el gobierno norteamericano.
Sin embargo, para solucionar el problema del TDI, no basta con derrotar a los cárteles de la droga, sino que hay que eliminar los centros receptores, que aseguran y garantizan la reproducción del negocio a nivel global. Los EE.UU. carecen de voluntad política para atenuar los problemas básicos del TDI con la integridad que les compete y no limitándose al fetichismo de la guerra contra el mal llamado “narcotráfico”.
La privatización de la seguridad ciudadana, a través de las empresas contratistas se amplía, en detrimento de la soberanía y la gobernabilidad de los países latinoamericanos, en un intento por evitar nuevos movimientos progresistas, impulsados por las diferentes fuerzas políticas de la región.
Estados Unidos, apegado a la paranoia de la guerra fría reformula la política del gran garrote, temiendo que “(…) en América Latina ocurra un desplazamiento, del espectro político de centro-derecha, a centro-izquierda (…) reacciona negativamente a lo que percibe como populismo y nacionalismo, y posturas amenazantes y críticas tanto a su política en el terreno comercial como a las iniciativas antinarcóticos y a la lógica preventiva que rige su enfoque global.”[4]
Otro de los peligros que acecha la región es la mezcla del uso de contratistas-mercenarios con otros programas para asistencia social, para incorporarle un rostro civil a su estrategia de dominación. La política del poder inteligente y el poder suave de Obama intentó ser el nuevo New Deal de la actual crisis; hallando en la guerra contra el “narcotráfico”, la justificación para resguardar los intereses estadounidense sobre América Latina y el Caribe.
La emergencia de gobiernos como los de Chávez, Evo y Correa; la solvencia de un Brasil que crece como potencia regional y el creciente intercambio de Latinoamérica con China y Rusia, son elementos que desagradan la política hegemónica estadounidense, de modo que debe asegurarse que sus intereses geoestratégicos se mantengan intocables, ante la presencia de nuevos actores.
Las políticas de prevención de la producción de cultivos de coca y opio y el control de la exportación de drogas, no se concentran en la mejora de las condiciones del campesinado, la generación de empleos, el control de mercado y el consumo, así como los delitos conexos al TDI (tráfico de precursores químicos, armas, personas, lavado de dinero etc.), dejando latentes los incentivos que mantienen el negocio.
Por el contrario, la tendencia de las soluciones a este fenómeno está siendo orientada hacia la legalización de las drogas, buscando el cambio de hábitos de consumo hacia estupefacientes considerados menos perjudiciales, de manera que se reduzca el impacto sobre la opinión pública, desde el punto de vista “ético”, pero no social. Esta tendencia, impulsada por diferentes sectores políticos, que han sido puestas en práctica en Portugal, los Países Bajos, Alemania y en algunos Estados de EE.UU.[5]

El 19 de octubre de 2011 el expresidente mexicano Vicente Fox, impartió una conferencia en el Instituto Cato de Washington, abogando sobre la legalización de las drogas, para lo que enfatizó: “Mi propuesta es legalizar todas las drogas y su sistema de producción”, asimismo, manipuló la responsabilidad sobre el consumo, definiendo: “Incluso creo que la legalización tiene un sustento ético y moral. Porque ¿quién es el verdadero responsable del consumo? Directamente, los consumidores. E indirectamente, sus padres.”[6]
Juan Manuel Santos se sumó a Vicente Fox en la no contención de la política impulsada para la legalización de las drogas. Para ello expresó, en una entrevista con el diario británico The Guardian: “un nuevo enfoque debe acabar con las ganancias que para los violentos vienen con el narcotráfico” de modo que “si eso significa legalizar, y el mundo piensa que esa es la solución, le doy la bienvenida. No me opongo a eso.”[7]
Recientemente el subsecretario general de la ONU y director de la división para América Latina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el chileno Heraldo Muñoz, argumentó ante una interrogante que “ ni el PNUD ni la ONU tienen posición sobre el tema, pero nos parece legítimo que se empiece a discutir, como han propuesto algunas personalidades, regularizar o legalizar algunas drogas (…) el narcotráfico acabará minando la democracia en América Latina si no se aborda desde el lado de los países consumidores”[8]
No obstante, teniendo en cuenta las graves consecuencias que conlleva el problema de las drogas al interior de los países subdesarrollados, el hecho de cambiar patrones de consumo hacia drogas legales no debe ser una solución absoluta. Lejos de buscar alguna vía para otorgar mayor control del consumo por parte de los Estados, por el contrario se proyecta una guerra contra los cárteles de la droga, donde la sociedad civil carga con la factura más negativa.

Impacto económico

Valorando las tendencias generales antes mencionadas, Latinoamérica manifestará un complicado escenario, pues si bien lo tradicional era que los países pobres concurrieran en el negocio de las drogas como centros de producción y tráfico, en los últimos años se ha registrado un aumento y expansión de su consumo que ya no sólo incluye a la subregión andina, México, Centroamérica y el Caribe, sino que también adhiere a los países del Cono Sur y de África Occidental.
El abaratamiento que se produce en el mercado con las drogas sintéticas, por las facilidades para su producción, permite que se logre una mayor socialización de la mercancía, que ya no se limita a los consumidores de primer mundo, sino que comienza a surgir, aunque en menor escala, un peligroso espacio en los países subdesarrollados para las DI, sobre todo las de tipo sintético.
En este sentido, el gobierno norteamericano expone el aumento de las incautaciones de toneladas métricas de cocaína en la región, como un triunfo total, mas ello no responde efectivamente a la reducción del problema. De hecho, uno de los elementos que mantienen y elevan los precios, es el encarecimiento de la transportación, en tanto los cárteles deben invertir más en seguridad, ampliando sus vínculos con empresas legales vinculadas con el comercio de armas y el blanqueo de dinero.
Ello coincide con un momento de contracción del mercado estadounidense, que no responde a la eficacia de las políticas hegemónicas para su control, sino al cambio de patrones de consumo, de la cocaína a las drogas sintéticas, de allí que el director ejecutivo de la ONUDC, expresara: “La moda de las drogas sintéticas de diseño que imitan a las sustancias ilegales neutraliza los progresos observados en los mercados tradicionales de la droga.”[9]
El enfoque imperial, deja a un lado las formas de procesamiento de las drogas, el control de la demanda y el consumo, así como los disímiles nexos existentes entre los cárteles, el crimen organizado trasnacional, los políticos, comerciantes, banqueros y empresarios, sin los cuales no fuera posible reproducción de ese negocio.
Con la liberalización de las economías y de los mercados financieros el TID se extiende por todo el mundo. La disminución de los precios de la cocaína desde los años 90 y la militarización de la guerra contra las drogas, han acrecentado los conflictos entre los cárteles por el control de territorios, en un intento por monopolizar las áreas para crear oligopolios y aumentar así su papel en el mercado. La característica de esta mercancía hace que los precios, la oferta y la demanda sean menos elásticos, en lo que también sirve de apoyo la guerra antidroga de los Estados Unidos.
Este negocio cuenta con un mercado de primer mundo, por lo que las producciones de los países pobres suelen ser muy rentables, debido al abaratamiento de la mano de obra. Los campesinos que producen las materias primas para estas drogas son los que menos beneficios recogen, pero su nivel de vida es tan básico, que le es más rentable su producción que la de otros productos agrícolas, ante la ausencia de programas sociales que alienten la erradicación de los cultivos de hoja de coca y cannabis.
El negocio del TDI, es el segundo en movimiento de capitales del mundo, después del petróleo, por las ganancias extraordinarias que provee. Su peculiaridad consiste en la ilegalidad, los peligros y las consecuencias que acarrea. Los efectos de la globalización en los países latinoamericanos y el contexto de crisis de la economía global, han influenciado en la inserción de sectores poblacionales rurales del tercer mundo, en la economía agraria ilícita, para la producción de plantas que sirven de materia prima para las drogas.
Esta economía genera “(…) 300,000 empleos para campesinos de los Andes sudamericanos que participan como proveedores de materia prima: coca (200,000 has), amapola (1,500 has) y marihuana (no menos de 1,000 has), que proveen para los mercados regionales internacionales.”[10]
Las experiencias han reflejado que las limitantes de la política antidroga desplegada por los EEUU en América Latina, concentradas en la fumigación de los cultivos son contrarias a las aplicadas en Afganistán, denotando de forma inmoral, el doble rasero de su guerra contra las drogas, subyugada a sus prioridades geoestratégicas para cada región.
Sin embargo, no se aplican políticas para reducir las desigualdades socioeconómicas, con una redistribución de la riqueza más justa, que posibilite la ampliación de la clase media, acortando la brecha entre ricos y pobres, lo cual sí impulsaría a los programas orientados a eliminar el TID y otros delitos conexos. Por el contrario, las fórmulas empleadas por el gobierno de Estados Unidos en la guerra antidroga acrecientan la dependencia económico-comercial y financiera de los países latinoamericanos.
La producción de materias primas, el procesamiento, transportación y comercialización de las drogas, así como la seguridad que deben proveer para su exportación incluye a un mayor número de personas cada día, que hallan en este negocio una salida a los efectos de la crisis de la economía global sobre la pobreza y el empleo. Estas circunstancias atraen a los sectores más pobres de la sociedad, tanto de los países productores como de los consumidores a los que se dirigen, donde resultan más vulnerables los jóvenes, los migrantes y las mujeres.
El lavado de dinero y el contrabando abierto cobran auge con el TID. Nuevamente el contexto de crisis favorece el negocio, puesto que los bancos necesitan de una inyección monetaria que el TDI está dispuesto a aportar con tal de blanquear sus ganancias. Otra de las vías que hallan los narcotraficantes para el blanqueo de capitales es la inversión en el turismo, la construcción y el sector exportador.
A nivel macroeconómico, una vez que el lavado de dinero les proporciona un respaldo legal a las ganancias derivadas del TDI, se introducen al sistema financiero internacional, participando en el pago de las deudas. En este sentido, las ganancias del TID se insertan en el sistema económico mundial, apoyando la lógica neoliberal.
En los países en vías de desarrollo, es en donde más agudos son los efectos económicos del neoliberalismo y, también, del TDI.Las ganancias del negocio dependen de los precios internacionales y de la demanda. Su condición de droga ilícita aumenta los dividendos, pues la restricción tiende a incidir en el aumento del precio. Con el dinero acumulado por este negocio se financian la compra de mercancías en el exterior a través de mercados cambiarios, de modo que las divisas generadas por el TDI no ingresan al país productor directamente.De esta forma, se derrumba el mito de que el negocio de las drogas es una forma de beneficiar el desarrollo de los países del Tercer Mundo, reconociéndose como una forma más, de atar a estos pueblos en la pobreza y la dependencia de las grandes potencias.
Particularizando el caso de Centroamérica, luego de la Conferencia de “Seguridad”, el pasado 22 de junio de 2011, EE.UU. propuso el llamado “Grupo de Amigos” como ayuda internacional de las potencias que luchan contra el TID en la subregión. La Secretaria de Estado expresó: “La estrategia debe reflejar la naturaleza trasnacional del desafío que encaramos. Los cárteles y los delincuentes no se contienen en las fronteras y por tanto nuestra respuesta tampoco debe hacerlo.”[11]
Las declaraciones de la jefa de la diplomacia norteamericana, permiten dilucidar que en el nuevo panorama latinoamericano, se asiste a un proceso de creciente privatización de la seguridad, como una nueva dimensión del avance de los procesos de privatización en general. Se está padeciendo de una securitización de los temas de mayor sensibilidad, que rebasa las fronteras nacionales, bajo el escudo político-diplomático de la lucha contra un problema de alcance global. Con ese objetivo, las potencias occidentales incluyen, de forma creciente, al sector empresarial dentro de los entes responsables, que tratan de contrarrestar, a través de una financiación ficticia, los problemas sociopolíticos.
El peligro de privatizar la lucha contra el TID se acentúa en los puntos abordados por Hillary Clinton al enfatizar: “(…) tenemos una responsabilidad compartida y ahora tenemos que verla en acción. Pero voy a recalcar que el liderazgo debe originarse en América Central, y no sólo en los gobiernos, sino también en el sector privado (…)”[12] Ello refleja el interés del gobierno norteamericano, no sólo de privatizar la lucha contra el TID y sino también de afianzar sus nexos con el sector empresarial de la región.
En ese contexto, varios países del Caribe, acogidos como paraísos fiscales, sirven para el lavado de dinero del narcotráfico, con una tendencia al aumento, en tanto crecen las sumas en el mercado. Desde esa perspectiva, el “narcotráfico” ha constituido una amenaza por su funcionalidad para fungir como colchón de los países más pobres, sobre los efectos de la crisis económica global, representando un por ciento considerable del PNB, así como por las fuentes de empleo que genera, apreciándose también como la vía de escape de algunos empresarios en declive, para recapitalizar sus finanzas.
Por otra parte, la pobreza de los sectores rurales ha alentado la producción y el tráfico de la droga, incrementándose las áreas de cultivo a pesar de las políticas antidrogas, que se han trazado con ineficacia entre algunos países de la región y los Estados Unidos (el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida). Ello ha fecundado en el incremento del poder de fuego de la región, tanto por parte de los Ejércitos como de los carteles, elevando las ventas de armas, lo que resulta muy beneficioso el Complejo Militar Industrial de los EE.UU.
La fracasada estrategia estadounidense en la cruzada contra las drogas, no sólo ha incentivado la violencia y la criminalidad, sino que ha incrementado directamente el poder de fuego de los carteles. Para ello, las autoridades norteamericanas han impulsado operativos como el “Receptor Abierto”, en los años 2006 y 2007, el Rápido y Furioso[13] y el Naufragio, lo que llevó a que, Eric Holder, fiscal general de EE. UU., reconociera ante el Senado -pasado 10 de noviembre de 2011- el fracaso de la operación Rápido y Furioso.
Según datos oficiales de la ONU, el mercado de las drogas representa alrededor del 0,8 por ciento del PIB de los Estados Unidos; sin embargo para los países de América Latina la dependencia aumenta, dejándola sumergida entre el “narco” y la dominación, como fórmula del hegemón para avanzar, un paso más, sobre los pueblos de Nuestra América. Ante esa realidad, vale la pena repensar nuestras formas de integrar nuestra diversidad, para juntos consensuar proyectos autónomos que, con sus limitantes y desaciertos, rememoren la sentencia martiana:
“El vino, de plátano, y si sale amargo, es nuestro vino.”
La Habana, 19 de noviembre de 2011
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Bajo consumo de drogas “blandas” y se eleva el de las sintéticas: ONU. En: http://www.animalpolitico.com/2011/06/baja-consumo-de-drogas-“blandas”-y-se-eleva-el-de-las-sinteticas-onu
Juan Manuel Santos: Si legalizar la cocaína “es la solución, le doy la bienvenida; no me opongo a eso”.
Véase en: http://colarebo.wordpress.com/2011/11/15/juan-manuel-santos-si-legalizar-la-cocaina-%E2%80%9Ces-la-solucion-le-doy-la-bienvenida-no-me-opongo-a-eso%E2%80%9D
“Es legítimo que se empiece a discutir la legalización de las drogas” en: El País. 4 de octubre de 2011. http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/04/actualidad/1317726897_763271.html
Vicente Fox aboga por legalizar las drogas para acabar la guerra contra el narcotráfico. En: http://es-us.noticias.yahoo.com/vicente-fox-aboga-legalizar-drogas-acabar-guerra-narcotr%C3%A1fico-191613058.html
Declaraciones de Clinton en la Conferencia de Seguridad de América Central (SICA). En: http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/texttrans/2011/06/20110623125007×2.171814e-03.html#ixzz7GotQjTrb

- Lic. Alejandro L. Perdomo Aguilera es investigador cubano del Centro de Investigaciones de Política Internacional.

[1] Expresó en el año 2002, Cass Ballenger, en aquel entonces, presidente del Subcomité del Hemisferio Occidental, en las palabras inaugurales, de una reunión celebrada para el proceso de aprobación de la propuesta de asistencia del gobierno de Bush para la región andina, en el Subcomité del Hemisferio Occidental (Comité de Relaciones Internacionales) de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos se celebró una audiencia el pasado 28 de junio. Véase en: www.viaalterna.com.co
[2] Ver en: Word Drug Report de 2011. En: http://www.unodc.org/documents/southerncone//Topics_drugs/WDR/2011/Executive_Summary_-_Espanol.pdf . Otras Instituciones y autores reflejan cifras superiores que oscilan desde 400 mil a 700 mil millones de dólares.
[3]Véase en informe: “Ni Seguridad, Ni Derechos: Ejecuciones, desapariciones y tortura en la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México”
Fuente: http://tomalapalabra.periodismohumano.com/2011/11/10/el-estado-mexicano-acusado-de-torturar-desaparecer-y-ejecutar-con-impunidad/
y en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=139113
[4] Isabel Jaramillo Edwards. Las dimensiones político estratégicas: los Estados Unidos y los casos de México, Colombia y Venezuela. CNA, 2003-2004, p. 58.
[5] El 19 de octubre de 2011, legisladores de California defendieron el consumo de mariguana con fines terapéuticos, luego que procuradores federales en el estado advirtieran acciones contra las distribuidoras de droga que sigan operando en diciembre próximo. El senador estatal Mark Leno y el asambleísta Tom Ammiano, ambos demócratas del área de San Francisco, cuestionaron que el gobierno federal utilice recursos para impedir que miles de pacientes consuman mariguana. California aprobó en 1995 una ley que autoriza a consumir mariguana con fines terapéuticos. Actualmente unas 90 mil personas consumen la droga con recetas médicas. La Asociación Médica de California pidió legalizar la droga. Por su parte, los cuatro procuradores federales en California advirtieron mediante cartas a cientos de distribuidores de mariguana medicina que si no suspenden operaciones para mediados de diciembre, pueden perder sus propiedades.
[6] Vicente Fox aboga por legalizar las drogas para acabar la guerra contra el narcotráfico. En: http://es-us.noticias.yahoo.com/vicente-fox-aboga-legalizar-drogas-acabar-guerra-narcotr%C3%A1fico-191613058.html
[7]Juan Manuel Santos: Si legalizar la cocaína “es la solución, le doy la bienvenida; no me opongo a eso”.
Véase en: http://colarebo.wordpress.com/2011/11/15/juan-manuel-santos-si-legalizar-la-cocaina-%E2%80%9Ces-la-solucion-le-doy-la-bienvenida-no-me-opongo-a-eso%E2%80%9D
[8] Véase: “Es legítimo que se empiece a discutir la legalización de las drogas” en: El País. 4 de octubre de 2011. http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/04/actualidad/1317726897_763271.html
[9] Bajo consumo de drogas “blandas” y se eleva el de las sintéticas: ONU. En: http://www.animalpolitico.com/2011/06/baja-consumo-de-drogas-“blandas”-y-se-eleva-el-de-las-sinteticas-onu
[10] Soberón, Ricardo. Las tendencias del narcotráfico en América Latina. En: www.tni.org
[11] Ver: Declaraciones de Clinton en la Conferencia de Seguridad de América Central (SICA). En: http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/texttrans/2011/06/20110623125007×2.171814e-03.html#ixzz7GotQjTrb
[12] Ver: Declaraciones de Clinton en la Conferencia de Seguridad de América Central (SICA). En: http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/texttrans/2011/06/20110623125007×2.171814e-03.html#ixzz7GotQjTrb
[13] En 2009 se realizó un contrabando de armas a México dirigido por el gobierno estadounidense, con el objetivo de rastrear a los compradores supuestamente relacionados con los cárteles de la droga. Para ello se autorizó el envío ilegal de alrededor de 2.000 armas que luego dadas por pérdidas, que incrementaron el poder de fuego de del crimen organizado vinculado al TID. Washington inició su investigación en 2010 reconociendo, finalmente, el fracaso. Véase en: http://www.cubadebate.cu/noticias/2011/11/13/distribucion-de-armas-de-eeuu-con-fines-pacificadores-tornan-mas-peligroso-al-mundo-afirma-vicecaniller-ruso/print
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